Alexis Medina, principal imputado en la "Operación Antipulpo" I Foto: Kelvin de la Cruz
El Estado dominicano se querelló este martes como actor civil contra los miembros de la supuesta red de corrupción desmantelada por la operación Antipulpo, a quienes solicita una indemnización de 23,903,465,542 pesos por presuntos daños y perjuicios en su condición de supuesta víctima.
La querella fue presentada ante la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por tres letrados del Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) conformado mediante decreto en enero pasado por el presidente Luis Abinader.
El recurso fue presentado contra Juan Alexis Medina Sánchez, en prisión preventiva, y Carmen Magalys Medina Sánchez, en arresto domiciliario, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina.
Además, contra Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Múñoz y Julián Esteban Suriel Suazo.
También contra José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Víctor Guillermo Librán Báez, Rafael Leónidas De Óleo, César Ezequiel Féliz Cordero Y Messin Elías Márquez Sarraf.
En la querella se incluye un grupo de entidades dedicadas a variadas actividades comerciales, cuya propiedad es atribuida a los miembros de la presunta red de corrupción.
En la querella se alega que Alexis Medina aprovechó su parentesco con el exgobernante, para presuntamente conformar una macro estructura integrada por los coimputados, "con el propósito deliberado de poder gestionar con sus influencias, contratos con entidades del Estado dominicano".
Esto, según la querella, para supuestamente lucrarse del Estado dominicano, "lo que representa una operación que desde su inicio opera al margen del régimen legal de compras y contrataciones públicas establecido en el país a partir del año 2006 con la ley 340-06″.
La operación Antipulpo fue lanzada por la Pepca en noviembre de 2020 y según ese organismo, dependiente de la Procuraduría General de la República, la estructura corrupta que, presuntamente, dirigía Alexis Medina, logró sustraer 4,796 millones de pesos de los fondos públicos al obtener contratos millonarios con diversas instituciones del Estado practicando el tráfico de influencias.
