Emmanuel Esquea Guerrero | Foto: Alexis Polanco
A propósito de que el Gobierno dominicano arribó a un acuerdo “amigable” con la empresa gestora de las autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico, para poner fin al “odioso” peaje sombra, el jurista Emmanuel Esquea Guerrero recordó que dicho pacto no exime de responsabilidad penal a los actores del Congreso que aprobaron la contratación en detrimento del propio Estado.
Durante una entrevista en El Gobierno de la Mañana, Esquea Guerrero recordó que el acuerdo para eliminar el peaje sombra fue rubricado por representantes del Poder Ejecutivo, en las personas del ministro de Hacienda, José Manuel -Jochy- Vicente, y el director de Impuestos Internos, Luis Valdez, pues aduce que “ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial tuvieron parte en esa negociación”.
“El Poder Judicial puede actuar libremente”, adujo el exconsultor Jurídico del Poder Ejecutivo, al tiempo de explicar que se puede perseguir a los funcionarios que incurrieron en alegadas faltas contra el Estado sin accionar penalmente en contra de las empresas que participaron en la licitación.
Aclaró que hubo un desistimiento de proceder penalmente contra los presuntos infractores de las leyes dominicanas en el cuestionado contrato, pero no abarca al Estado dominicano como tal.
Enmanuel Esquea Guerrero detalló que para que el Estado pueda desistir de levantar acción penal contra los responsables era necesario que un juez homologara el acuerdo arribado entre el Poder Ejecutivo y la empresa gestora del peaje sombra, o en su defecto que el mismo haya sido remitido al Congreso Nacional. "Como sucedió con Odebrecht".
Criticó que las autoridades dominicanas del momento hayan sido tan permisivas con la aprobación del contrato que duraría unos 33 años.
El jurista Emmanuel Esquea Guerrero fue designado por el Gobierno del presidente Luis Abinader para que rindiera un informe detallado sobre la contratación, quien concluyó diciendo que son pasibles de persecución penal los responsables de aprobar la contratación en detrimento del Estado dominicano.
Destacó que a pesar de que el contrato estableció una inversión inicial del 80 %, de los 125 millones de dólares que en sus inicio se calculó para los primeros 125 kilómetros de la carretera, desde la autopista de Las Américas hasta el cruce de Rincón de Molenillo, la empresa inicial “no aportó un centavo”. Pues “engañaron” al Estado diciendo que tenían unos recursos aprobados en el desaparecido Banco Intercontinental (Baninter). “Que tenían aprobados 125 millones de dólares, lo cual fue mentira”.
Luego, alega Esquea Guerrero, los inversionistas le dijeron al Estado dominicano que sumarían una empresa colombiana que aportaría unos 83 millones de dólares. “Esos 83 millones de dólares tampoco aparecieron”.
Ya para arrancar el proyecto, y dada la complejidad de la empresa para facilitar los recursos, el Estado dominicano consintió en aprobar la emisión de unos bonos, los cuales se colocaron en el extranjero y otros también se comercializaron en el país, por lo que, pese a no tener bien el dato, dijo que incluso recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fueron a parar ahí.
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Cuando se cerró la negociación en el presente Gobierno, el Estado dominicano terminó pagando un 10.5 % de interés, a pesar de que la licitación inicial estableció que sería del 6 %.
Boulevard Turistico del Atlantico
Lo antes mencionado consistió en la autopista del Nordeste. Sin embargo, para la construcción de la carretera Bulevar Turístico del Atlántico, se aprobaron unas actas en el Congreso en donde se estableció que el Estado no pondría un centavo en la obra, y terminó aportando unos 6 millones de dólares en hormigón asfáltico caliente.
“No hubo tal financiamiento ciento por ciento. No hubo tal aporte cero del Estado”, concluyó.
