Foto: Amaury Pineda
Sí, aunque las razones son debatibles. Me explico. A pesar de que existen varias teorías que explican el origen, propósito y legitimidad del estado, la teoría del contrato social es sobre la cual se basan la mayoría de las repúblicas modernas. De acuerdo con esta teoría, el poder y la autoridad para gobernar emana de los ciudadanos, y estos a su vez, tienen la potestad de decidir si el ejecutivo es legítimo o no (Locke, 1689).
Por miles de años, diferentes culturas entendían que el poder y la legitimidad para gobernar solo podía emanar de su respectivo dios y que era él quien elegía a ciertos hombres para que ejercieran como gobernantes. Por ejemplo, en la religión judeocristiana esta tradición inició cuando Dios dio mandato al juez Samuel para que nombrara a Saúl como rey de Israel (1 Samuel, capítulo 9). Este argumento se conoce como ‘el derecho divino de los reyes’ (Filmer 1680) y fue la doctrina que imperó en las civilizaciones occidentales durante gran parte de la edad media.
Según esta teoría, el hombre a quien Dios unge como gobernante no está sujeto a ninguna autoridad terrenal porque su derecho a gobernar procede directamente de la voluntad de Dios. Por consiguiente, el gobernante no está sujeto a la voluntad de su pueblo o de las leyes. Solo Dios puede juzgar si el gobernante es bueno o malo y cualquier intento de desautorizar, destronar o restringir el mandato del gobernante es contrario a la voluntad de Dios y, por ende, constituye en un acto de sacrilegio (Filmer 1680).
Aunque Nicolás Maduro alega que Chávez lo eligió a él como gobernante de Venezuela, gracias a Dios (sarcasmo incluido), varios politólogos y pensadores sacaron a la humanidad del oscurantismo de tal doctrina. Como indiqué al principio, los gobiernos de la mayoría de los estados democráticos modernos fundamentan su autoridad en el mandato que le ha otorgado el soberano (los ciudadanos) a través del contrato social. Si bien la teoría del contrato social tiene su origen en Platón, Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau son los pensadores que la desarrollaron más ampliamente.
De acuerdo con Locke, a pesar de que los ciudadanos dan autoridad a los gobernantes para que protejan sus vidas, libertad y propiedades, el pueblo sigue siendo el verdadero poder supremo en todo momento. Según él, los ciudadanos siempre conservan el derecho de remover o cambiar el gobierno (Two Treatises of Government 2.149). Esto está consagrado en la Constitución de Venezuela que exige a todos sus ciudadanos que aseguren el mantenimiento del orden constitucional (Art. 333) y que los venezolanos no reconozcan ningún régimen que vaya en contra de sus "valores, principios y garantías democráticas o que violen los derechos humanos" (Art. 350).
Locke explica que hay varias razones que justifican el derrocar o cambiar a un gobierno. Entre estas razones esta el atentar en contra de la vida, libertad, y propiedad de los ciudadanos (2.222). Pienso que, las más de 131 asesinadas a manos de los “colectivos,” los más de 1,300 presos políticos, y la evidente crisis económica de Venezuela revelan que el gobierno de Maduro ha violentado la vida, libertad y propiedad de los venezolanos.
Locke añade que es justificado que el pueblo se rebele contra la autoridad pública si el gobernante ignora el imperio de la ley, si impide que el poder legislativo se reúna o si modifica los mecanismos de elección sin el consentimiento popular (2.212-17). En tal sentido, “ganar” elecciones fraudulentas en las cuales participó menos de la mitad de los ciudadanos y la disolución de la asamblea nacional en el 2017, son pruebas de que el gobierno de Maduro cumple con los requisitos para ser considerado ilegítimo.
Por último, Locke explica que cuando existe una disputa entre el pueblo y el gobierno sobre si el gobierno cumple con sus obligaciones, no existe una autoridad humana superior a la que se pueda apelar. El único recurso que queda, según Locke, es rebelarse contra el gobierno (2.168). En tal sentido, Juan Guaidó no se declaró a sí mismo presidente, sino que, como el funcionario de mayor rango elegido democráticamente en el país, asumió la responsabilidad de hacer que el país regrese a la democracia.
La legitimidad de la autoridad de Guaidó está basada en el mandato constitucional que tienen todos los venezolanos de hacer cumplir las leyes, aunque ello conlleve derrocar el gobierno. Además, su legitimidad también esta respaldada en el derecho internacional por el reconocimiento que recibe su mandato de varios países en la región incluyendo el nuestro, así como también EE. UU., Canadá y países de la Unión Europea. Aunque la crisis aun no llega a su final, pienso que es evidente que el gobierno de Maduro no es legítimo y que el pueblo venezolano está en derecho y tiene el deber de cambiarlo.
Referencias:
Reina-Valera (1960). Biblia del Oso. United Bible Societies
Constitución de Venezuela de 1999
Filmer, R. (2008, originally published 1680). Patriarcha, or the Natural Power of Kings. Dodo Press
Locke, J. (1689). Two Treatises of Government. Awnsham Churchill
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