Esteban Delgado | Foto: Kelvin de la Cruz
Desde abril del año 2020, el Gobierno creó el Fondo de Asistencia Social al Empleado (FASE), dividido en dos partes: FASE 1 para trabajadores suspendidos que no reciben pago de sus empleadores, por lo que el Estado les aporta una ayuda económica de hasta RD$8,500 mensual; y el FASE 2, para empleados reintegrados en empresas con limitaciones, a los que el empleado les aporta RD$5,000 mensual para completar su salario. Por ejemplo, si un empleado tenía un sueldo de RD$17,000 mensual, el empleador le pagaba RD$12,000 y el Estado le completaba con RD$5,000.
El FASE 2 terminó el 31 de diciembre, pues se entiende que las empresas que ya reintegraron a sus trabajadores pueden seguir pagando sus salarios completos sin la ayuda que el Estado les aportó durante nueve meses del año pasado.
En el caso de los trabajadores en FASE 1, el Estado ha decidido extender la ayuda hasta el 30 de abril, es decir, durante los primeros cuatro meses de este año.
Hace varias semanas La Escuela Económica advertía sobre la necesidad de que el Estado fiscalice con más atención a las empresas que mantienen empleados suspendidos en FASE 1, a los que no tienen la obligación de pagarles salarios, pero sí de mantenerles sus derechos laborales vigentes (cesantía y preaviso) hasta prescindir de sus servicios.
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El Código de Trabajo establece que la suspensión de un empleado es por un máximo de 60 días (dos meses). Transcurrido ese tiempo, el empleador debe reponerlo o despedirlo y pagarle sus prestaciones laborales. Pero dada la condición especial que vive el país por la pandemia del covid-19, el Gobierno decidió autorizar suspensiones más extensas de los 60 días.
Por eso muchas empresas cerradas y algunas abiertas parcialmente, han mantenido una cantidad importante de empleados suspendidos por varios meses, incluso, hasta el 30 de abril próximo.
Pero, ¿qué ha pasado? Resulta que algunas empresas que están operando “parcialmente” mantienen empleados suspendidos en FASE 1 y por otro lado están reclutando empleados nuevos en lugar de reponer a los que tienen parados.
De esa forma, esos empleadores tratan de vencer por cansancio a los trabajadores suspendidos, a los fines de que renuncien a sus empleos y se busquen otro trabajo, con lo que pierden sus prestaciones laborales.
Imagínese la situación de un trabajador que devengaba, por ejemplo, RD$20,000 mensual y ahora lleva cinco o seis meses suspendido recibiendo solo el FASE 1 de RD$8,500. Llega un momento en que desea buscarse otro empleo, por la tardanza de su empleador en reintegrarlo. Si consigue otro empleo, renuncia al actual y si empleador se evita de pagarle las prestaciones laborales acumuladas durante varios años.
Se supone que si un empleador tiene trabajadores suspendidos en FASE 1 y necesita mano de obra porque su producción se ha ido normalizando, debería reintegrar a esos trabajadores, en lugar de contratar personal nuevo.
Es por ello que el Ministerio de Trabajo está en el deber de fiscalizar a esas empresas que, con esas acciones, estarían incurriendo en una doble estafa: colocan a sus trabajadores en un estado de desesperación para que renuncien y pierdan sus prestaciones, mientras que también engañan al Estado que está haciendo un sacrificio económico para aportar los recursos que cada mes reciben esos empleados suspendidos.
Decenas de trabajadores con tres, cuatro, cinco y hasta más años como empleados de empresas que los mantienen suspendidos han comprobado que sus empleadores están reclutando personal nuevo, a través de las redes sociales y de agencias de empleos, en lugar de reintegrarlos.
Ya el Ministerio de Trabajo ha recibido denuncias sobre esa situación, por lo que se espera que su titular, Luis Miguel de Camps, ordene una investigación al respecto, para evitar que una ayuda social positiva del Estado se vea manchada por el mal aprovechamiento de ciertos empleadores.
Se puede verificar cuáles empresas cerradas con sus empleados en FASE 1 han abierto sus puertas de nuevo sin reintegrar a sus trabajadores suspendidos y también cuáles empresas que se supone operan con personal limitado por su baja producción, están regularizando sus operaciones e integrando personal nuevo, mientras mantienen suspendidos a su personal de varios años de labores.
