Voto en elecciones municipales | Foto: Orlando Barría
En los procesos electorales que definen las autoridades en los niveles municipal, congresual y presidencial de un país, se emplean diversos indicadores que reflejan la transparencia, equidad y eficacia del sistema electoral. Entre estos criterios, que no son exhaustivos, se incluyen el nivel de participación ciudadana, la garantía de igualdad en ciertos aspectos y la supervisión del proceso por observadores, quienes se consideran teóricamente imparciales.
Al analizar la participación ciudadana, sin perder de vista a los empadronados en el extranjero, se observa una marcada tendencia a la abstención, alcanzando cifras que no se veían en más de seis décadas. De los 6,574,149 dominicanos inscritos contabilizados por la Junta Central Electoral para la elección de los alcaldes, tan solo aproximadamente 44 personas votaron en las elecciones municipales, dejando un sorprendente número cercano a 3.7 millones de inscritos que optaron por quedarse en sus hogares. En cuanto a las elecciones para directores, la participación fue ligeramente mayor, con 58 de cada 100 personas, o 879,339 votantes de un total de 1,515,198 inscritos.
La suma de votantes inscritos para los cargos de alcaldes y directores ascendió a 8,089,347 personas, de las cuales emitieron efectivamente su voto 3,775,587 personas, representando un 46.7 % del total. Esto deja un alto porcentaje de abstención, llegando al 53.3 %. Es especialmente notable la baja participación (y alta abstención) en ciertas regiones como Santiago de los Caballeros, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, que son de importancia política y electoral significativa.
Se debe señalar que los votos nulos constituyeron un poco más del 2.0 %, mientras que los observados fueron relativamente pocos. A pesar del generalizado analfabetismo funcional, se puede concluir que los dominicanos tienen conocimiento aceptable sobre cómo ejercer su derecho al voto.
En cuanto a la igualdad de condiciones puede afirmarse que, al menos en la práctica, sigue siendo una mera declaración de intenciones. Aunque el Estado financia las campañas de los partidos políticos reconocidos según la ley electoral, la mayoría del financiamiento proviene de fuentes privadas o de las empresas de los propios candidatos, una práctica que no está prohibida por la normativa.
El costo de las campañas electorales para una optar por una alcaldía alcanza cifras de decenas de millones de pesos, y lo mismo ocurre, en menor medida, para los regidores, quienes a menudo reciben apoyo de los alcaldes candidatos. En una época en la que el crimen organizado muestra un gran interés en quienes ocupan cargos públicos, este hecho es de una peligrosidad relevante. El término «narcoestado» no es una mera invención, sino una seria advertencia sobre los riesgos que esto conlleva. El alto costo de las campañas también tiene un efecto negativo en los individuos con conocimientos e iniciativas para el progreso del país, ya que cierra a estos ciudadanos el camino al ejercicio de los cargos públicos importantes.
Finalmente, es crucial destacar la importancia de una vigilancia imparcial del proceso electoral y los informes resultantes de esta necesaria y generalmente admitida práctica. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), en su informe preliminar, confirmó lo que muchos ya sabían: la compra flagrante de votos por parte de los partidos y un intenso proselitismo político en los alrededores de los centros de votación, llegando incluso al acoso a los votantes. Participación Ciudadana también respaldó estas conclusiones, especialmente en lo que respecta a la compra de votos.
En conclusión, ¿cuáles son las lecciones que podemos extraer de estas elecciones municipales ordinarias? Es evidente que se requieren reformas profundas para fomentar una participación ciudadana más activa y garantizar una mayor transparencia en el financiamiento de las campañas electorales. La supervisión imparcial del proceso electoral debe ser fortalecida para prevenir prácticas corruptas que minan la integridad democrática. Asimismo, es imperativo promover una cultura política donde los ciudadanos confíen en que su voto tiene un peso real, y donde los líderes electos actúen en beneficio del bien común, no de intereses particulares o de grupos.
Por último, el sistema de partidos parece estar desfasado respecto a los tiempos actuales, y sus deficiencias, manipulaciones y vicios atávicos requieren no solo reformas de gran envergadura, sino cambios cualitativos sustanciales en todos los niveles de su representatividad.
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