Oficinas de la constructora Odebrecht | Foto: Odebrecht Brasil
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), órgano vinculado al Parlamento de Brasil, mantuvo este miércoles por un año más el embargo de unos 1.100 millones de reales (285 millones de dólares) en bienes de Emilio Alves Odebrecht y Marcelo Odebrecht, controladores de la constructora Odebrecht.
Según el TCU, la decisión se produjo con el objetivo de garantizar el resarcimiento al Erario brasileño de cerca de 1.141 millones de reales (unos 296 millones de dólares), que corresponden al perjuicio causado a raíz de unas licitaciones fraudulentas llevadas a cabo por Odebrecht, en el marco de un gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
En su decisión, de carácter cautelar, el TCU abogó que "hubo un evidente vaciamiento patrimonial" en Odebrecht, de modo a "evitar cualquier medida de resarcimiento al Erario", y que los "actos de la gestión corporativa" han convertido a la constructora en un "instrumento para la práctica de delitos".
Por su parte, la compañía informó en una nota que recibió "con sorpresa" la decisión del TCU, ya que ha celebrado acuerdos de indulgencia con la Fiscalía, la Contraloría General de la Unión (CGU), la Abogacía General de la Unión (AGU) y el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade, regulador), además de haber "permanentemente buscado el diálogo para cooperar" con el Tribunal de Cuentas.
"Dicha decisión, en caso de que sea mantenida, podría impedir el ejercicio regular de las actividades empresariales y poner en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones", señaló Odebrecht en el comunicado.
Agregó que el fallo representa también una "fuerte amenaza" a las instituciones de colaboración premiada e indulgencias, dos instrumentos que ha calificado como "indudablemente eficaces en el combate a la corrupción".
La constructora indicó que adoptará las medidas aplicables para intentar revertir la decisión, con el objetivo de que se garantice "la seguridad jurídica de los acuerdos celebrados" con las autoridades.
El fallo del TCU se produce un día después de que la Justicia brasileña aceptara el pedido del conglomerado Odebrecht de acogerse a la ley de quiebras, tras declarar una deuda que roza los 100.000 millones de reales (unos 25.900 millones de dólares).
Desde que las autoridades brasileñas destaparon hace cinco años la trama de corruptelas en el marco de la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia del país, Odebrecht ha sufrido diversos reveses, tanto financieros como judiciales, que le han situado al borde de la bancarrota.
Las investigaciones llevaron a prisión en 2015 al entonces presidente del grupo, Marcelo Odebrecht, quien llegó a ser uno de los hombres de negocios más poderosos de Brasil y dirigió durante años el conglomerado de dimensiones internacionales fundada en 1944 por su abuelo Norberto Odebrecht.
Sin embargo, la corrupción en el grupo no se limitó a Brasil y se expandió por otra decena de países, lo que llevó a que Odebrecht firmara acuerdos de colaboración, que incluyen el pago de multas, con los gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Perú, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Ecuador y Suiza, mientras negocia con otros países para cerrar pactos similares.
