El tema de la reforma fiscal está de moda y ya comienzan a salir propuestas de parte de economistas, así como llamados de atención de determinados sectores productivos en procura de que no les toquen o les toquen poco lo relativo a las exenciones que reciben o a la ya elevada carga tributaria que tienen los bienes que comercializan.

Es difícil que una reforma fiscal vaya en la dirección de plantear reducción de impuestos y eliminación de cargas tributarias existentes, pues eso implicaría mermar los ingresos en lugar de aumentarlos, que es el objetivo final.

Sin embargo, la propuesta de reforma fiscal que está elaborando el Gobierno debe tomar en cuenta diversos aspectos, más allá de cosas que vienen seguras como la ampliación de la base imponible (poner impuestos existentes a bienes y servicios que hoy están exentos) y la revisión de las exenciones fiscales (fiscalización de las existentes para focalizarlas mejor, no para eliminarlas), entre otros aspectos.

Sin embargo, en procura de incrementar los ingresos, el Gobierno también debe establecer mecanismos que impliquen alguna facilidad para los contribuyentes. Por ejemplo, hay procedimientos en el Código Tributario que hacen difícil el pago de tributos. A través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) bien pudieran modificarse los procedimientos para hacer más fácil el pago de los tributos, especialmente para las micro y pequeñas empresas.

Además, hay impuestos sobre los que el Estado invierte en burocracia, pero que el monto a recaudar se torna insignificante como proporción de los ingresos, lo cual puede abrir espacio para su eliminación. Eso serviría de compensación cuando se presenten aumentos en otras áreas (te pongo este impuesto, pero te quito este otro).

Asimismo, el Gobierno debe considerar mecanismos o formas de cobrar impuestos existentes que faciliten la reducción de la evasión. Un ejemplo para considerar, aunque para los gobiernos resulta arriesgado, es la propuesta de una universalización del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) acompañado con una reducción de la tasa, que actualmente es de un 18%.

Obviamente, es prácticamente imposible plantear una universalización del cobro del ITBIS con la tasa actual. Sin embargo, en caso de que se proponga bajar la tasa a un 14%, por ejemplo, su universalización sería compensable para los consumidores. Esto es, pagarás ITBIS el arroz, pero pagarás menos ITBIS por el aceite comestible o el chocolate, o los productos básicos no alimenticios, como papel de baño, crema dental, detergentes, jabón, artículos de limpieza y de higiene personal, pañales desechables y una serie amplia de productos que son de consumo obligatorio y que actualmente pagan una tasa de 18%.

Lo anterior indica que, si bien cobrar ITBIS a todos los bienes y servicios que hoy están exentos sería incómodo para los consumidores, también les resultaría un alivio y compensación de gastos, si esa decisión se acompaña de una reducción de la tasa en los otros tantos bienes que consume y que están gravados con el ya elevado 18%.

El efecto para los consumidores pudiera resultar neutro, mientras que para el fisco sería de un doble beneficio: de un lado, posiblemente incremente sus recaudaciones, toda vez que son muchos los bienes y servicios que aún quedan exentos y, de otra parte vería aumentar sus recaudaciones también por el lado de la reducción de la evasión, pues se acabaría la práctica de determinados comercios que venden productos gravados y exentos y reportan más ventas de exentos que de gravados, con lo que roban dos veces, pues le cobran el ITBIS al consumidor y no lo reportan a la autoridad tributaria. Eso es, robarle al consumidor y robarle al Estado.

Con un ITBIS universalizado a una tasa más baja, se reduciría considerablemente esa forma de evasión fiscal y, posiblemente, los efectos para los consumidores no sean negativos, como se piensa. Creo que valdría la pena, al menos probarlo, es decir, establecerlo así y si al cabo de un par de años no se ven buenos resultados, entonces, volver a la posición anterior.

El Gobierno debe ver esa posibilidad y aplicarla, asumir el riesgo de ver reducidas sus recaudaciones, pero con la posibilidad de que, por el contrario, sus ingresos fiscales aumenten más y la evasión fiscal se reduzca.