Foto: Amaury Pineda
La Resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social No. 320-02, promulgada mediante el Decreto No. 381-13 contiene el reglamento que establece el procedimiento para otorgar las Pensiones Solidarias por vejez, discapacidad total o parcial y por sobrevivencia a los afiliados del Régimen Subsidiado.
A través de este programa, el Gobierno dominicano otorgará una pensión del sesenta por ciento del salario mínimo nacional, que en la actualidad es de diez mil pesos mensuales, a personas pertenecientes a grupos vulnerables, que tienen ingresos inferiores a cinco mil pesos o que no tienen ingreso alguno. Específicamente, el programan abarca a personas que padezcan de alguna discapacidad, a los mayores de 60 años, a las madres solteras con hijos menores de edad y al cónyuge y los hijos de un beneficiario de esta pensión que haya fallecido.
Ciertamente, estos grupos vulnerables pueden beneficiarse de la asistencia del gobierno. Sin embargo, el tipo de asistencia que la Pensión Solidaria dispone puede provocar unos incentivos perversos que afectarían los resultados deseados. En primer lugar, este programa puede tener resultados adversos en la economía nacional. Según datos oficiales, más del cincuenta por ciento de la economía del país es informal, cifra que sigue en aumento (Di Franco 2018) y la Pensión Solidaria incentiva a que los beneficiarios entren o se mantengan en la economía informal.
La Pensión Solidaria requiere que el beneficiario no tenga ingresos superiores al cincuenta por ciento de del salario mínimo nacional. Así, siempre y cuando el beneficiario tenga ingresos inferiores a cinco mil pesos, es elegible para seguir recibiendo la pensión. En tal sentido, ¿qué incentivo puede tener un beneficiario para optar por un empleo que pague cinco o hasta diez mil pesos, si esto significa perder seis mil que gana de gratis?
Además, ¿cómo podría el SIUBEN verificar que la persona no esta obteniendo ingresos superiores a cinco mil pesos en la economía informal? En otras palabras, la Pensión Solidaria incentiva a sus beneficiarios a optar por trabajos en la economía informal o a no conseguir trabajos de principiantes que le permitan adquirir experiencia para luego subir de rango (Esping-Andersen 1999). De hecho, varios estudios sobre economía y conducta revelan que dar dinero a los pobres reduce su incentivo para ingresar a la fuerza laboral, adquirir experiencia y eventualmente unirse a la clase media (Herrnstein y Murray 1994, Murray 1984).
Claro, la Pensión Solidaria es solo para grupos vulnerables, no para todos los pobres. Sin embargo, pienso que con excepción de las personas que padezcan una discapacidad grave, hay mejores maneras de coadyuvar a estas personas a costear una vida digna sin depender del gobierno. Por ejemplo, las madres solteras cuyos niños estén bajo la tanda extendida bien se beneficiarían de una beca para estudiar inglés u otros cursos técnicos. Gracias a la tanda extendida, estas madres tendrían tiempo libre para prepararse académicamente.
¿Por qué no limitar la Pensión Solidaria en el tiempo y acompañarla de una beca de estudios? Limitar el tiempo de la asistencia incentiva al beneficiario a salir de su condición de vulnerabilidad, mientras que la beca provee los medios para mejorar su condición.
En el caso de las personas mayores de sesenta años y los discapacitados, cuya capacidad les permita realizar algunos trabajos, ¿Por qué no incentivar al sector privado para que acomode espacios de trabajo digno a estas personas? De hecho, el Programa Primer Empleo busca lograr esos objetivos y no solo aplica para jóvenes si no también para personas que padecen alguna discapacidad. Entiendo que algunas personas mayores de sesenta podrían ser incluidas en este programa, en vez de, recibir la Pensión Solidaria.
Por ultimo, el incentivo perverso que considero más nocivo es el que se crea para mujeres jóvenes que viven en la pobreza. Al incluir a las madres solteras como beneficiarias de la Pensión Solidaria, el gobierno pudiera estar incentivando a mujeres jóvenes que viven en igual vulnerabilidad a tener hijos para poder recibir la asistencia del gobierno (Vobejda y Havemann, 1997). En vez de premiar a la joven que evita un embarazo, pues sus condiciones sociales y económicas se lo imposibilitan, la Pensión Solidaria “premia” a la que comete el error.
Creo que el gobierno debería ampliar esta política e incluir a mujeres jóvenes sin hijos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Integrarlas a una Pensión Solidaria por tiempo limitado, añadir una beca de estudios técnicos para que estas puedan, en tiempo oportuno, integrarse a la vida productiva y escapar a la dependencia del gobierno. De lo contrario, el embarazo prematuro podría convertirse en una condición más favorable para estas jóvenes que no tener hijos en la pobreza.
Obviamente, la intención de la Pensión Solidaria es ayudar a los más necesitados. Lo que deseo resaltar es que estos programas pueden tener efectos adversos que considero deben ser tomados en cuenta. Estoy seguro de que muchas personas pueden beneficiarse de la ayuda gubernamental. No obstante, una ayuda incondicional y por tiempo ilimitado pudiera ocasionar daños a la fuerza productiva nacional. Esto sin mencionar la posibilidad de que los gobiernos puedan usar estas herramientas para sugestionar el voto de los ciudadanos, tema que merece su propio tratamiento y, que, por tanto, dejaremos para un artículo futuro.
Referencias:
Di Franco, M. C. (12 de Marzo, 2018). La informalidad continúa en aumento en República Dominicana. CREES. Disponible en: http://www.crees.org.do/es/art%C3%ADculo/la-informalidad-contin%C3%BAa-en-aumento-en-rep%C3%BAblica-dominicana
Esping-Andersen, G. (1999). Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford: Oxford University Press
Herrnstein, Richard J. and Murray, C. (1994). The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life. New York: Free Press.
Murray, C. A. (1984). Losing Ground: American Social Policy, 1950–1980. New York: Basic Books
Vobejda, B. and Havemann, J. (March 30, 1997). Doing the Math on the Welfare 'Family Cap'.
Washington Post Staff Writers. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/welfare/stories/wf033097.htm
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