Esteban Delgado | Foto: Kelvin de la Cruz
En República Dominicana, como en prácticamente todos los países del mundo, las empresas deben pagar impuesto sobre la renta (ISR), es decir, tributar al Estado una parte de sus ganancias al cierre de cada año fiscal.
El ISR es uno de los gravámenes más progresivos, debido a que se calcula con base en un porcentaje de lo que se gana, lo cual indica que mientras más ganancias percibe la empresa, más debe pagar, pero si gana poco, entonces paga menos, en términos proporcionales.
Cuando una empresa opera con regularidad, realiza sus estados contables y cada año deduce sus gastos operativos (compra de materias primas, pagos de local, servicios, personal y otros), el monto de sus pasivos (si tiene deudas por pagar) y al final le queda lo que se conoce como las ganancias brutas. De esas ganancias brutas, se destina el 27% para el Estado, que es la tasa del ISR en República Dominicana.
Pero si la empresa decide realizar alguna labor de responsabilidad social en forma de donaciones, aportes a una causa positiva en la comunidad o algo por el estilo, generalmente a través de una fundación o cualquier otra organización no gubernamental (ONG), entonces puede reportar ese aporte como gasto y deducirlo del ISR.
Es decir, supongamos que una empresa realiza sus operaciones normales en un año determinado, con ingresos brutos por el orden de los 300 millones de pesos, pero que tuvo gastos totales por el orden de los 200 millones de pesos. Eso indica que sus ganancias o utilidades son de 100 millones de pesos, de los cuales debe aportar al Estado 27 millones de pesos como ISR (27 % de las ganancias).
Pero resulta que además de sus operaciones regulares, la empresa invirtió 50 millones de pesos en obras sociales, por lo cual reportó eso como gasto y le quedaron como ganancias los otros 50 millones de pesos. De ese monto, la empresa paga al Estado el 27 %, es decir, 13.5 millones de pesos.
Lo anterior indica que, de los 50 millones de pesos que la empresa dice haber invertido en obras sociales, el Estado puso 13.5 millones de pesos, pues dejó de recibir ese monto como impuestos, porque la empresa incluyó esos aportes filantrópicos como gastos en sus estados financieros.
Al final, la obra social de la empresa, sobre la cual ella se lleva todos los créditos y elogios, tiene un componente de aporte del Estado que viene siendo un aporte de los contribuyentes que consumen y pagan impuestos por los bienes y servicios que produce esa empresa.
Además, está el hecho de que el fisco no tiene la completa certeza de que la empresa realizó la inversión de 50 millones de pesos completos en las obras sociales que reportó, pues esa inversión social puede que haya sido con bienes y servicios que produce la propia empresa, con lo cual se estaría pagando a sí misma el valor de lo donado y el costo total del aporte reportado (50 millones de pesos) pudiera ser en realidad menor.
Si la donación se realiza a través de una ONG propiedad o filial de la empresa, entonces también hay una ventaja adicional, pues al tratarse de una entidad sin fines de lucro, no tiene que pagar impuestos sobre los 50 millones de pesos que habría recibido en aporte de su empresa matriz.
El tema viene a cuento, porque ahora ha estado en la opinión pública el clamor de que a los legisladores se les elimine el fondo de asistencia social conocido como “barrilito” en el Senado y “cofrecito” en la Cámara de Diputados.
Pero resulta que esos legisladores son los que hacen las leyes, por lo que es posible que si deciden legislar para quitarse esos “privilegios”, también legislen para eliminar los “privilegios” que también tienen áreas del sector privado sobre las que el Estado va sacrificado al dejar de percibir ingresos.
Las exenciones fiscales o deducibles de impuestos, también pueden ser vistos como “privilegios” por parte de los legisladores, quienes, ante tantas críticas en su contra, optarían por aplicar la frase del cuento de la madre superiora: “si es a todas, que sea a todas”.
