Televisión digital | Foto: Pixabay
El apagón analógico para implantar la televisión digital en Bolivia se aplaza sin fecha, para dar más tiempo a que los canales más pequeños y la población en general se preparen para este salto, informó este lunes el Gobierno boliviano.
El aplazamiento, por un plazo a determinar de varios años, fue acordado en una reunión en La Paz entre el presidente de Bolivia, Evo Morales, miembros de su Gobierno, representantes de medios de comunicación y de las asociaciones Nacional de la Prensa (ANP) y Boliviana de Radiodifusoras (Asbora).
El paso de la televisión analógica a la digital estaba previsto en Bolivia a partir del próximo noviembre en distintas fases hasta culminar en 2024.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en rueda de prensa tras la reunión, destacó el "gran esfuerzo" de los canales de televisión para esta adaptación tecnológica, pero algunos aún no pudieron realizarla.
García Linera indicó que se trata principalmente de canales locales, pero a ello se suma que "un pedazo enorme de la población no tiene los aparatos" necesarios para la señal digital gratuita.
Por ello, el Gobierno acordó con el sector aplazar el apagón analógico por varios años, posiblemente entre dos y cinco, en función de un informe que elaborará el Ministerio de Comunicación, según el vicepresidente.
El sistema previsto en Bolivia es el ISDB, por sus siglas en inglés de Radiodifusión Digital de Servicios Integrados, creado en Japón y que se emplea en la mayor parte de Sudamérica.
Los televisores necesitan tener incorporado un sintonizador o acoplar un decodificador homologado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes de Bolivia (ATT).
Esta entidad advirtió ya en 2017 de que en el país existen poblaciones con más de una veintena de canales analógicos, lo que dificulta la implementación de los digitales aunque buena parte de las cadenas nacionales ya emitan en este sistema.
La distribución de frecuencias de televisión digital prevista en Bolivia es de un 33 por ciento para el Estado, otro 33 para operadores comerciales, un 17 para los comunitarios y otro 17 para comunidades indígenas, según datos de la ATT.
