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El sistema eléctrico dominicano ha sido un factor de elevada influencia económica, social y política. Se trata de un servicio imprescindible para la población que el Estado está en la obligación de garantizar, aun cuando no sea quien produzca la electricidad que se coloca en redes.
El mercado eléctrico, que moviliza no menos de US$4,500 millones cada año, de los cuales, al menos un tercio es aportado por el Gobierno de manera directa en forma de subsidio, es garantizado en gran medida por el sector privado, constituido en la parte de la generación, mientras que la distribución a los consumidores finales corre por el Estado, a través de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE).
Durante gestiones gubernamentales pasadas el Gobierno estableció el método de “gestión de demanda”, consistente en asignar una cantidad de horas de interrupción del servicio en determinados sectores carenciados donde no se paga el servicio eléctrico. Con base en ese esquema, se categorizaron los clientes regulados que pagan el servicio recibían 24 horas de luz diario, mientras en otros sectores, con base en los niveles de cobranza y de regulación, se les suministraba 18 horas y en algunos casos menos.
De esa forma, con base en los programas de rehabilitación de redes y captación de clientes, las EDE hacían gestiones sociales con las juntas de vecinos y comunitarios, a los fines de que colaboraran con esas inversiones y así pasar de usuarios, que no pagaban y con apagones, a clientes que sí pagaban y con luz 24 horas.
Sin embargo, con la pandemia del covid-19 en 2020, el Gobierno tuvo que poner al país en cuarentena y como los ciudadanos estaban todo el día en sus hogares, se hizo necesario garantizar 24 horas de luz para todos los sectores, independientemente de su nivel social y de pago por el servicio.
Eso se inició en marzo. Luego, en agosto, con la llegada del presidente Luis Abinader, se decidió continuar con ese método, pues la pandemia seguía, además de que se hacía necesario garantizar un año escolar con clases virtuales e iniciar un proceso de reactivación de la economía. Para ambos objetivos se requería luz 24 horas.
Pero el hecho de ofrecer luz 24 horas implica mayores pérdidas para las EDE, tanto por el hecho de que estarían comprando energía para colocarla en sectores donde ni siquiera facturan, lo cual es una pérdida adicional irrecuperable. Además, como las redes en sectores pobres son deficientes, la electricidad permanente provoca calentamientos de transformadores y de subestaciones pequeñas, que redundan en más averías y consecuentes pérdidas técnicas para las EDE.
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A eso se agrega el hecho de que en los últimos dos años los precios internacionales de combustibles fósiles se incrementaron y eso aumentó el precio final de la generación que se le vende a las EDE, mientras los aumentos que se aplicaron en la tarifa no compensaron ese desbalance.
De ahí que, en los últimos tres años, el subsidio eléctrico que el Gobierno tiene que aportar en forma de dinero para cubrir la situación deficitaria de Edenorte, Edesur y EdeEste, se viene incrementando a niveles que superan los US$1,500 millones cada año.
Se pudiera decir que una solución sería volver a la programación de gestión de demanda, es decir, programar apagones calendarizados en horarios específicos para sectores que no pagan el servicio. Sin embargo, se torna muy cuesta arriba darle apagones a una población que ya está acostumbrada a luz permanente.
Además, está el elemento político. En tiempos de campaña electoral, aun en los momentos en que existían los apagones programados, se suspendía esa práctica y se daba luz 24 horas a todos por igual, en procura de no restarle votos al candidato del partido de gobierno, más si es un presidente candidato como en caso actual.
En resumidas cuentas, la absorción de recursos que hace el sector eléctrico al presupuesto del Estado seguirá en aumento, al menos en los años por venir, a menos que se diseñen estrategias más efectivas en procura de que el hecho de tener electricidad no implique costos tan elevados, tanto para los consumidores que pagan el servicio, como para toda la población en general, tomando en cuenta que el subsidio estatal lo aportamos todos.
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