Yotin Pérez | Foto: Kelvin de la Cruz.
En la entrega pasada hablamos de las condiciones fetales consideradas incompatibles con la vida, como los síndromes o situaciones que se consideran imposibles desde el punto de vista de viabilidad de un feto para convertirse en recién nacido. Este tema está contenido dentro de las denominadas tres causales con lo que se propone despenalizar la interrupción del embarazo.
Estas condiciones son difíciles de evitar, al igual que su prevención y sobre todo su manejo. Tanto la ciencia como la sociedad se torna de brazos cruzados cuando se sospecha un diagnóstico de este tipo, al igual que el hecho de lidiar con una patología o morbilidad materna que amerite un tratamiento que pueda producir daños a su criatura.
Según la FDA los fármacos en el embarazo se clasifican de acuerdo al potencial riesgo que pudieran representar para el feto, por ejemplo: la clasificación A corresponde a fármacos que según los controles no ponen en riesgo al feto, B aquellos en que según estudios en animales su uso ha demostrado algún riesgo, C el riesgo no se puede descartar, D evidencia positiva de riesgo y X aquellos fármacos que están contraindicados totalmente en el embarazo. En esta última clasificación se incluyen entre otros fármacos antineoplasicos y radiaciones, la mayoría de estos usados para manejo de enfermedades malignas o neoplásicas.
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Los únicos medicamentos considerados como parte de la clasificación A son las vitaminas por lo que se supone que todos los medicamentos usados durante la gestación representan un riesgo para el feto aunque en menor proporción, pero que se usan valorando riesgos y beneficios.
En nuestro país se han descrito casos de pacientes embarazadas con una comorbilidad preexistente, que impide el manejo de la enfermedad por implicaciones éticas en la que al final la mayoría de las veces fallecen ambos (la madre y su hijo). Son dramas sociales al que ningún médico le gustaría enfrentarse. Socialmente el aborto tiene implicaciones ponderables, lamentablemente no contamos con un control en la venta de medicamentos usados en el tratamiento para casos donde el embarazo ya se ha perdido, pero tampoco con una política estatal dirigida a disminuir los embarazos no deseados, que en la mayoría de los casos son la causa de la práctica de abortos de forma clandestina.
Una vez me tocó atender una joven de 27 años, madre de un niño de 4 años, quien fue llevada por familiares a la emergencia de un hospital refiriendo una hemorragia vaginal de unos 5 días de evolución, al abordar la paciente me rectificó que su sangrado inició hacía 10 días, que ella estaba embarazada y que había usado 12 pastillas para producirse un aborto.
Lamentablemente su estado hipovolémico tan sólo me permitió trasladarla a la sala de legrados. Este drama se vive a diario en los barrios, en los pueblos, en las provincias; son más comunes de lo se imaginan.
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Nos podríamos preguntar: ¿Qué hace a una mujer querer interrumpir un embarazo? ¿Cuáles factores estimulan a tomar tal decisión? ¿Podemos juzgar a quien lo decide? ¿Conocemos sus condiciones familiares, sociales, en fin su entorno?.
Respondiendo estas preguntas probablemente pudiéramos prevenir estos casos. Probablemente la solución tal vez no sea disminuir los abortos sino, disminuir las causales y ese sería el punto álgido de esta problemática cuya práctica se hace más frecuente y constante.
Para ello necesitamos orientar a nuestra población, evitar los embarazos no deseados, apelar a la educación y la planificación como base fundamental de la prevención, socializar el uso de los métodos de anticoncepción y la educación sexual de nuestros jóvenes, involucrar a toda la sociedad, padres, madres, amigos, maestros todos los que componen la red de formación de un individuo.
La solución no sería disminuir abortos, sino evitar las causales.
