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El 14 % de las mujeres con discapacidad en la República Dominicana asegura haber sufrido agresión física, el 8 % violencia sexual y el 31 % violencia psicológica, según un estudio al que tuvo acceso hoy Efe.
Los datos del Diagnóstico Participativo sobre Violencia de Género en Mujeres con Discapacidad, realizado por el Circulo de Mujeres con Discapacidad (Cimudis) indican, además, que un 3 % de éstas aseguró haber sido obliga a usar métodos abortivos y el 17 % dijo haber sido esterilizada por decisión de la familia o por decisión médica.
En tanto, el 47 % afirmó haber terminado una relación con alguna de sus parejas debido a comportamientos violentos y el 1 % de las entrevistas aseguró que su discapacidad se debe, precisamente, a un episodio de violencia de género.
En tanto, el 37 % aseguró haber vivido violencia verbal y el 38 % reportó que alguien le ha hecho sentir inferior por su condición.
De acuerdo con la investigación, las mujeres con discapacidad perciben a su círculo cercano como potenciales agresores, así el 85 % afirmó que les preocupa que sus exparejas pudieran atacarlas física o sexualmente o hacerles algún daño.
El 21 % de las encuestas reveló que alguien con quien vivía ejerció violencia económica en su contra.
El estudio señala, no obstante, que el 62 % de las mujeres que vive o ha sufrido violencia no denunció la situación, ya sea por considerar que los hechos no eran suficientemente graves (34 %) o por vergüenza (11 %).
El objetivo del estudio, de acuerdo con un comunicado de Cimudis, es evidenciar con datos que este problema social que afecta en mayor medida a las mujeres con discapacidad que, al tener un peor acceso a los servicios públicos de prevención y respuesta ante casos de violencia, se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad.
En sus conclusiones, la investigación instó a mejorar las capacidades de las instituciones responsables de la prevención y respuesta a la violencia de género a través de la transversalización de un enfoque de atención a la discapacidad para dar respuesta a sus necesidades.
El estudio se realizó con el apoyo de la Asociación para la Medición Social (EQUA) y la financiación del Ayuntamiento de Cádiz (España), y contó con el apoyo de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física (La RED) y la Confederación Española de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe).
