Ángel Bello
El concepto "efecto de halo" hace referencia a un sesgo cognitivo como resultado del cual asignamos cualidades (positivas o negativas) a un individuo basados en el conocimiento de tan solo un atributo. De esta manera, al valorar las demás dimensiones de la persona de la misma manera en que lo hacemos respecto a ese único aspecto, generalizamos, haciendo juicios erróneos y tomando decisiones desacertadas.
Estas inferencias se hacen de manera inconsciente y obedece a la tendencia que tiene nuestro cerebro de procurar seguridad disminuyendo la incertidumbre, mediante la búsqueda de información respecto de en quiénes confiar y de cuáles personas distanciarnos.
El efecto de halo se reproduce en todas las áreas de nuestra cotidianidad, y la política no es la excepción, afectando la calidad de las decisiones que toman los ciudadanos, los funcionarios, legisladores y demás servidores públicos.
En la actualidad, y a propósito de la selección de los nuevos incumbentes de la Junta Central Electoral, podemos observar que de todas las competencias requeridas para ser juez titular del organismo, el foco se ha concentrado casi exclusivamente en la "independencia" de los candidatos respecto a los partidos políticos, bajo el entendido de que se trata del principal indicador de un desempeño en consonancia con la ética.
A partir de esta consideración, tanto la ciudadanía como los honorables senadores, una vez más, están siendo influenciados por el efecto del halo, puesto que reputan como "idóneos" para los referidos cargos a muchos candidatos que gozan de una alta popularidad, priorizando exacerbadamente sus condiciones éticas y morales.
Es cierto que se está observando los requisitos legales mínimos relacionados con la formación académica y la experiencia en el área. Es cierto también que la independencia en el accionar propicia la autonomía en la toma de decisiones.
Sin embargo, muchas competencias conceptuales, técnicas y humanas, más allá de las estipulaciones constitucionales, que son imprescindibles para el éxito gerencial, han sido eclipsadas por el tema de la independencia político-partidista como consecuencia del debate poco exhaustivo de una cuestión que reviste tanto relieve para la salud de nuestra democracia.
La gerencia pública, como la privada, precisa de hombres y mujeres capaces no solo de actuar conforme a la moral y las buenas costumbres. El mejor referente en este sentido lo tenemos en los actuales incumbentes de la JCE, responsables de una desafortunada gestión de los torneos electorales, más que por falta de pulcritud, por sus falencias como administradores y garantes de todo el proceso en todas sus estructuras.
Esa experiencia debe constituir una voz de alerta para que los miembros de la Cámara Alta se aboquen a seleccionar unos magistrados no solo éticos, sino también altamente competentes en lo relativo a la pericia técnica, la capacidad de análisis, el pensamiento estratégico, la visión sistémica, la gestión de crisis y la supervisión.
De igual manera, el liderazgo, el trabajo en equipo, la motivación, la resolución de conflictos, las habilidades de comunicación y el comportamiento asertivo, no deberán ser soslayados si no queremos reeditar los traumas recientes.
Si solo tomamos en cuenta la ética como criterio de selección de los nuevos miembros de la JCE, correremos un alto riesgo de ser víctimas del efecto de halo. ¿El resultado? Jueces como los actuales: muy bien intencionados, solo eso.
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