Estudiantes dominicanos | Foto: EFE/ Orlando Barría
Como forma de garantizar el derecho a la educación, tal y como está consagrado en la Constitución de la República, las autoridades del Ministerio de Educación establecieron que no se niegue la inscripción a un niño, niña o adolescente, ya que de esa manera se frenaría el ejercicio del derecho a la educación y ampliaría las acumuladas brechas sociales que acusa la nación.
En tal sentido, mediante circular oficial se instruyó a los gestores de los centros educativos del sector público, a proceder diligentemente con la inscripción de todos los estudiantes cuyas familias soliciten cupos en los mismos.
En la circular, firmada por el ministro de Educación, Roberto Fulcar, se precisa que en caso de que la matrícula estudiantil supere la capacidad del centro, los directores deben comunicarlo por los canales correspondientes.
Con la acción, puntualizó Fulcar, se procura que se implementen de inmediato las estrategias de lugar para la distribución del excedente de estudiantes, a los fines de garantizar el adecuado desarrollo de los procesos educativos en las aulas.
“Exhortamos a dar fiel cumplimiento a la disposición establecida en la presente circular, de inscribir a todos los estudiantes”, expresó.
Manifestó que el impulso de un modelo educativo inclusivo, así como garantizar el derecho a la educación, figura entre los pilares que se estimulan desde la presente administración gubernamental que preside Luis Abinader.
“La gestión de gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, está comprometida con garantizar el ejercicio pleno de este derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y reivindicado por la actual gestión del Ministerio de Educación, al establecer la inclusión como uno de los pilares del nuevo modelo educativo Educación para Vivir Mejor que estamos impulsando”, afirmó, según un comunicado.
El funcionario sostuvo que está comprometido con garantizar una educación gratuita que permita que toda la población tenga igual posibilidad de acceso a todos los niveles y modalidades de la educación pública, tal y como se establece en el artículo 9, literal d, de la Ley General de Educación, 66-97.
