La Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos de la República Dominicana (ASEDILIRD) ratificó este jueves la denuncia de que el senador Antonio Taveras está detrás de la campaña de descrédito en contra de sus afiliados y afirmó que ante el anuncio hecho por el legislador de que “se verán en los tribunales”, ya han apoderado a la oficina del jurista Miguel Valerio.
Durante una rueda de prensa, el presidente de ASEDILIRD, Juan Colón, manifestó que sus miembros están dispuestos a defender su honra, trayectoria de trabajo y honor ante cualquier estamento.
“Ya está bueno de que la doble moral se siga adueñando de este país. Hay personajes oscuros que quieren erigirse como los paladines de la justicia, cuando la realidad es que se mueven en las sombras con intereses oscuros, muy alejados de lo que dicen ser. Porque en realidad, en la práctica, ni siquiera les importa la educación, sino sus bolsillos y así lo demuestran sus negocios con el Estado”, manifestó.
Colón reiteró a la opinión pública nacional que las cinco empresas dominicanas que participaron y ganaron en el proceso de licitación que realizó el Ministerio de Educación para la adjudicación de los libros de texto de secundaria, lo hicieron con transparencia y en buena lid, y una muestra de eso es que sus libros de textos obtuvieron las mejores calificaciones.
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En la rueda de prensa realizada en el Colegio Dominicano de Periodistas, Colón descartó tajantemente que existiera colusión ya que las cinco casas editoriales dominicanas adjudicadas no compitieron en el mismo lote y, por el contrario, todas participaron en lotes diferentes “por lo que nunca afectaron la participación de otros oferentes”, y enfatizó que eso es parte de la campaña de descrédito que se ha querido levantar en contra de la industria nacional del libro.
En tanto, el laureado escritor y editor Avelino Stanley ratificó la acusación contra el ahora senador Antonio Taveras, con sus empresas IMPRETUR y EDISA, esta última de su esposa María del Pilar Ramírez y su hija Karina Taveras Ramírez, las cuales han sido suplidoras del Ministerio de Educación por más de 20 años participando en los mismos lotes de los procesos de licitación, de estar detrás de esa campaña de descrédito.
Stanley también mencionó a los hermanos Pablo y Ernesto Cuello a través de Casa Duarte y sus empresas vinculadas, y puntualizó que ASEDILIRD está haciéndole frente a lo que llamó “El cartel administrativo”, que por muchos años ha dominado el negocio de los libros.
Recordó que los libros de textos ofertados por los autores dominicanos y que fueron evaluados por la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación mediante el formato de Doble Ciego (método en el cual los autores no saben quién los evalúa y los evaluadores no saben a quién evalúan), obtuvieron las más altas calificaciones.
Citó los casos de Editorial Cocolo que en Lengua Española obtuvo una calificación de 97.3; Ediciones CP en Matemáticas que alcanzó 91; Ediciones Unidas del Caribe en Educación Física que obtuvo 98.5; Editora Camar que en Ciencias Sociales alcanzó un 98 y Ediciones Salomé que en Formación Integral, Humana y Religiosa obtuvo 98 puntos.
Martín Valerio, abogado de la oficina Valerio Jiminián & Asociados, manifestó que defenderán los derechos de sus clientes en los planos administrativos y judiciales, ya que su adjudicación fue justa, transparente y apegada a todas las normativas legales, “por lo que no permitiremos que el buen nombre y la honra de cada uno de estos reputados autores, editores y distribuidores de libros de textos se continúe mancillando”.