El gobierno filipino de Rodrigo Duterte protagonizó hoy un nuevo ataque contra los medios al solicitar al Tribunal Supremo el cierre de ABS-CBN, la mayor cadena de televisión de Filipinas y uno de sus medios más relevantes.
El fiscal general, Jose Calida -una figura que en Filipinas equivale al del abogado del gobierno-, presentó hoy ante el Tribunal Supremo una petición para que no se renueve la licencia para ABS-CBN, que expira en marzo de 2020 tras 25 años operando.
La decisión de renovar la licencia recae en el Congreso, pero el Supremo, con una mayoría de magistrados aliados del presidente, puede intervenir esa resolución.
El propio Calida acudió este lunes personalmente al Supremo para presentar su resolución, en la que alega que ABS-CBN "está ejerciendo ilegalmente", ya que se financia parcialmente con capital extranjero, lo que viola la ley filipina sobre medios nacionales.
"El gigante mediático se ha escondido detrás de un elaborado velo corporativo y ha permitido que inversores extranjeros participen en la propiedad de una entidad de medios de comunicación filipina", señaló Calida en un comunicado.
Se trata del mismo argumento con el que la administración Duterte ya trató de suspender la licencia hace dos años del portal Rappler, dirigido por la periodista Maria Ressa, que tiene varias causas pendientes con la justicia que muchas organizaciones consideran "ataques a la libertad de prensa" por su periodismo crítico.
El movimiento contra ABS-CBN no ha sorprendido, ya que el propio presidente Duterte había amenazado meses atrás en varias ocasiones con cerrar el medio, donde trabajan más de 11.000 periodistas.
Duterte, que ha acusado varias veces al medio de publicar informaciones "injustas" sobre él, instó el pasado diciembre a los dueños de la corporación a vender la cadena a inversores filipinos o cerraría el medio.
Algunos medios apuntan a que la enemistad del mandatario con la cadena se gestó durante la carrera presidencial de 2016, cuando ABS-CBN se negó a emitir un anuncio electoral de la campaña de Duterte.
"No debemos permitir que la venganza de un solo hombre, no importa cuán poderoso sea, desborde libertades garantizadas constitucionalmente, como la libertad de prensa y de expresión, así como el derecho del pueblo a saber", denunció en un comunicado el Sindicato Nacional de Periodistas Filipinos.