Rodrigo Duterte (c), presidente de Filipinas | Foto: EFE/ Rolex Dela Pena
Por Sara Gómez Armas
La convulsa región de Mindanao, al sur de Filipinas, seguirá regida por la ley marcial durante 2019, después de que el Congreso aprobara ayer lunes la extensión de esa medida a petición del presidente del país, Rodrigo Duterte, ante el "riesgo de rebelión".
En una sesión conjunta, los legisladores del Senado y la Cámara de Representantes aceptaron por amplia mayoría la prórroga, por tercera vez, de la medida, vigente en Mindanao desde mayo de 2017 debido a la presencia de varios grupos armados yihadistas.
La extensión del estatuto de excepción, que otorga poderes especiales a las fuerzas de seguridad y suspende el hábeas corpus, salió adelante con el apoyo de 235 legisladores -entre ellos el boxeador Manny Paquiao o el presidente de Cruz Roja en Filipinas, Richard Gordon-, frente a 28 votos y una abstención.
Alrededor de un centenar de personas protestaron frente a la sede del Congreso de Manila contra la ley marcial, que consideran injustificada y un pretexto para cometer abusos y violaciones de derechos fundamentales por parte de las fuerzas del orden.
Según la red nacional de grupos de los derechos humanos Karapatan, se han registrado en Mindanao bajo la ley marcial 88 asesinatos y 128 intentos por motivos políticos, 1.450 detenciones ilegales y 148 casos de amenazas de arresto con cargos fabricados.
Además unas 347.000 personas se han visto afectadas por los bombardeos del Ejército y muchos han tenido que abandonar sus casas en esa región, entre retenes militares y toques de queda.
El secretario ejecutivo del gabinete de Duterte, Salvador Medialdea, defendió durante la sesión parlamentaria que, aunque la ley marcial ha permitido detener más de un centenar de insurgentes solo en 2018, se necesita "tiempo adicional para sofocar los esfuerzos de grupos terroristas para derrocar al gobierno".
"No podemos mirar para otro lado ante la realidad de que Mindanao existe una rebelión", subrayó Medialdea, quien advirtió de que el Gobierno no podrá funcionar plenamente ni garantizar los servicios básicos en la región si esos grupos se reorganizan.
Desde la oposición, el líder de la minoría del Senado, Franklin Drilon, negó que en Mindanao exista un "levantamiento armado real" que justifique la ley marcial, "medida de excepción que no puede convertirse en una norma" ni en un "instrumento para hacer la gobernanza más efectiva".
"No hay una base real para mantener la ley marcial en Mindanao. El presidente está usando el conflicto armado y la rebelión como excusa para consolidar el control militar de cada vez más zonas del país", indicó a Efe el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Chito Gascón.
La medida cuenta con el aval de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que confirmaron "un progreso significativo en la lucha contra grupos rebeldes" bajo la ley marcial en un informe conjunto de seguridad en el que se apoyó la petición de presidente.
Duterte impuso por primera vez la ley marcial en Mindanao el 23 de mayo de 2017, horas después de que insurgentes del Grupo Maute, afín a la organización yihadista Estado Islámico (EI)- iniciaran una rebelión armada en la ciudad de Marawi, al oeste de la isla de Mindanao.
Aunque la ofensiva de Marawi concluyó en octubre de 2017, el Gobierno prolongó la medida, primero hasta finales de ese año y luego durante todo 2018 para "eliminar hasta el último terrorista".
Con 20 millones de habitantes, cerca del 20 % musulmanes, Mindanao ha sido escenario desde hace décadas de conflictos entre el Gobierno y grupos extremistas, como Abu Sayyaf o los Luchadores por la Liberación Islámica del Bangsamoro, también leales al EI, así como la guerrilla comunista del Nuevo Ejército del Pueblo.
La aplicación de la ley marcial es muy polémica en Filipinas, ya que grupos opositores creen que el mandatario busca emular a su admirado expresidente Ferdinand Marcos (1965-86), quien empleó la medida entre 1972 y 1981 para suprimir la oposición.
