Rodrigo Duterte | Foto: Toto Lozano.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, rubricó este viernes la polémica ley antiterrorista, muy criticada por partidos de la oposición y grupos de derechos humanos que consideran el texto como un intento de perseguir el activismo político y silenciar a la disidencia.
La Cámara de Representantes dio luz a la propuesta de ley hace un mes, mientras que el Senado aprobó en febrero el texto convertido hoy en ley, que algunos críticos han comparado con la controvertida ley de seguridad nacional para Hong Kong impuesta por China.
La nueva ley amplía el rango de delitos imputables como terrorismo, tales como "amenaza o incitación a cometer actos terroristas", punibles con 12 años de prisión, provisión que, según expertos legales, busca castigar el disenso, ya que se podría catalogar terrorismo cualquier protesta contra el gobierno.
La nueva ley sustituye a la Ley de Seguridad Humana de 2007 y, entre otras modificaciones, extiende el tiempo que un sospechoso de terrorismo puede permanecer detenido sin orden de arresto, al pasar de los 3 días en la actualidad a 24.
Además permite que sea un comité formado por oficiales del gobierno y las fuerzas de seguridad el que emita órdenes de arresto, en vez de los tribunales, algo anticonstitucional según algunos expertos.
"Agotaremos todos los procesos legítimos para doblegar esta ley draconiana. Es la legislación más impopular y peligrosa que puede impulsar un gobierno obsesionado con el poder", señaló el secretario del Sindicato Nacional de Abogados, Edre Olalia.
El magistrado retirado Antonio Carpio, uno de los padres de la Constitución de 1987, ha declarado que muchas provisiones del texto violan la Carta Magna y, junto con otros juristas, se ha comprometido a recurrir la ley ante el Tribunal Supremo.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, instó esta semana a Duterte a no firmar la ley vista como una amenaza para activistas y disidentes cuando presentó ante el Consejo de Derechos Humanos su informe sobre los abusos en Filipinas, especialmente en la campaña contra las drogas.
"Nos preocupan las disposiciones que permiten arrestos sin orden judicial y semanas de detención en régimen de incomunicación, lo que facilita la tortura y el maltrato", indicó el subdirector para Asia de Human Rights Watch, Phil Robertson.
Filipinas tiene dentro de sus fronteras la amenaza de varias insurgencias catalogadas terroristas: organizaciones yihadistas, afines al Estado Islámico en la isla de Mindanao y la guerrilla comunista más antigua de Asia, el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), ala militar del ilegalizado Partido Comunista.
"La firma de la ley confirma nuestro compromiso para erradicar la amenaza del terrorismo, que ha sido una plaga para el país durante muchos años y ha causado un inmenso dolor", señaló el portavoz presidencial Harry Roque.
