Iván Duque | Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó ayer miércoles que la decisión que tome sobre la sanción a la ley estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que ya fue aprobada por el Congreso y la Corte Constitucional, estará orientada en que haya verdad.
El mandatario aseguró que está "obrando dentro de los tiempos" que le da la ley para firmar el proyecto y agregó que lo hará con mucho rigor.
"Lo haré pensando que en este país tengamos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición", afirmó al término de una reunión con comandantes regionales de la Policía en Bogotá, donde señaló que le "parece importante que tengamos un marco normativo que permita obrar conforme a esos objetivos".
En el país se ha generado polémica después de que el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, asegurara ayer que el Gobierno estudia objetar algunos artículos de la ley estatutaria.
Ceballos explicó que "el presidente tiene unas prerrogativas que le confiere la Constitución y la ley y dentro de esas prerrogativas también tiene un plazo para analizar todas las implicaciones que se relacionan en este caso con la ley estatutaria".
La decisión de Duque debe conocerse, como máximo, el próximo 11 de marzo.
Ante esto, el presidente recalcó que está dentro del tiempo que se le otorga y sentenció que la decisión la tomará con "todo rigor, pensando siempre en lo que le convenga al país".
La Justicia Especial para la Paz se creó tras el acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016 y tiene como función principal juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado del país.
La Corte Penal Internacional (CPI) instó este miércoles a Duque a que sancione la ley estatutaria pues considera que es importante que "la JEP tenga un marco legal definido".
"De no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones", señaló el tribunal internacional.
En esta misma línea se expresó el procurador general del país, Fernando Carrillo, quien pidió al mandatario no hacer objeciones a la ley estatutaria después de su aprobación por la Corte Constitucional, pues esto "puede generar un riesgo para la seguridad jurídica".
La Corte Constitucional declaró el pasado agosto aplicable la ley estatutaria para la administración de la JEP, aunque denegó algunos cambios hechos en ella por el Legislativo, que aprobó el funcionamiento del tribunal casi dos meses antes.
De igual forma, la JEP y varias organizaciones de víctimas pidieron al mandatario colombiano este lunes que sancione la ley estatutaria "teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la garantía de seguridad jurídica que se impone en el Estado de Derecho".
A diferencia de estos, el pasado lunes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, envió una carta a Duque en la que expresó sus preocupaciones sobre cuatro aspectos recogidos en la ley estatutaria.
