Iván Duque | Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
El presidente de Colombia, Iván Duque, creó este viernes una comisión que analizará los procedimientos de las operaciones militares en el país para comprobar que se respeten los derechos humanos, una semana después de que The New York Times denunciara que estas ponen en riesgo la vida de civiles.
"He decidido conformar una comisión presidencial independiente que haga un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales y que pueda evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales en materia de derechos humanos y en materia del Derecho Internacional Humanitario", afirmó Duque en una declaración.
El mandatario colombiano señaló que la decisión se tomó a raíz de las dudas generadas en "algunos sectores", en referencia al artículo del periodista Nicholas Casey, del NYT, en el que se revela una directriz que insta a duplicar el resultado en las operaciones militares, abriendo una puerta para que en el país se retomen los "falsos positivos".
Así se les llama a las miles de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes cometidas por militares en la década pasada para presentarlos como guerrilleros muertos en combate y de esta forma obtener de sus superiores permisos, condecoraciones y ascensos.
El jefe de Estado colombiano detalló que la comisión la conforman el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Hernando Yepes; el expresidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, y el exfiscal General Alfonso Gómez Méndez.
"A esa comisión también le he pedido que haga una revisión de los mejores estándares internacionales que permita evaluar si los procedimientos, órdenes y protocolos internacionales de Colombia se sintonizan con esas normas", acotó Duque.
Tras el análisis, los tres juristas darán una serie de recomendaciones al Gobierno para que se siga "avanzando en esa excelencia indiscutible en la forma en que opera la fuerza pública".
"Creo que esta comisión debe darle una gran confianza al pueblo colombiano y una gran confianza a todos los miembros de la fuerza pública para que no haya la más mínima duda sobre su conducta, sobre sus operaciones y sobre la forma siempre leal a la Constitución y a la ley cómo deben operar todos los miembros", concluyó.
La Fiscalía colombiana ha investigado hasta el momento cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que involucran a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
De estos, 2.200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado y es la columna vertebral del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC el 24 de noviembre de 2016.
