Directores regionales y distritales que demandan al ministro Roberto Fulcar | Foto: cedida a la redacción
Directores regionales y distritales del Ministerio de Educación informaron que sometieron ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una solicitud de medida cautelar anticipada, tendente a la suspensión parcial de los efectos de la ordenanza dictada por el Consejo Nacional de Educación el 11 de septiembre del 2020, que los destituye y los transfiere al puesto de asesores técnicos.
Según indica hoy un comunicado, los representante legales de los demandantes, Nelfis Stapleton y Yulibelys Wandelpool, explicaron que dicha ordenanza persigue la derogación y consecuente el desconocimiento de los derechos reconocidos en virtud de lo dispuesto por medio de la ordenanza 24-2017 que emana del mismo Consejo Nacional de Educación.
En virtud de la cual se reglamentó el denominado Sistema Competitivo de Selección de Directores Regionales y Distritales, que permitió que en el año 2018 se realice dicho proceso.
Durante una rueda de prensa, explicaron que el mismo sentó las bases para que los indicados profesionales de la educación se sometieron al sistema competitivo de selección, el cual se estableció conforme los artículos 132, 139, de la Ley General de Educación No. 66-97, como una forma de garantizar la calidad de la educación mediante la selección, evaluación y promoción del personal docente, sobre la base de méritos y aptitudes.
Los accionantes establecieron que con la aprobación de la ordenanza 01-2020, y las consecuentes decisiones tomadas por el ministro de Educación, Roberto Fulcar, transgreden el principio de seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa, establecido en el art. 3.8 de la Ley 107-13.
Los abogados informaron que el pasado martes 29 de septiembre fue depositada la instancia ante el Tribunal Superior Administrativo, sustentada en virtud de que los artículos tres, cuatro y cinco de la ordenanza atacada constituye una violación a los principios de proporcionalidad, confianza legítima y coherencia, establecidos en el artículo tres de la Ley 107-13, que regula los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, "constituyéndose en una perturbación manifiestamente ilícita que afecta a cientos de servidores públicos del Minerd".
Además, establecieron que la semana pasada fue sometida de igual modo, la solicitud de medida cautelar tendente a suspender los efectos generados por las acciones ilegales asumidas por Aracelis Villanueva Figueroa, gobernadora de la provincia de San Pedro de Macorís; Julio César De Los Santos, viceministro de Descentralización y Participación del Ministerio de Educación, quienes solicitaron al servidor público Bolívar Yunior Sosa Soriano abandonar la oficina de la dirección regional 005, procediendo a la juramentación del señor Isidro Santana Ramírez.
Los accionantes y sus representantes establecieron que desde el día 11 de septiembre han enviado comunicaciones a las instituciones involucradas y miembros del Consejo Nacional de Educación, al presidente de la República, Luis Abinader; a Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental; al ministro Administración Pública Darío Castillo Lugo y al propio ministro de Educación, Roberto Furcal, en procura de llamar su atención a fin de evitar la perturbación manifiestamente ilícita que se ha provocado con esta situación.
