Blaurio Alcántara | Foto: Senado de la República
Blaurio Alcántara, director general de la Cruz Roja Dominicana, aclaró que Julio Dini Capellán, a quien acusa de encabezar los “actos vandálicos” ocurridos este lunes en esa entidad, en la que varias personas resultaron heridas, fue expulsado de la institución en el 2010 por haber violado los reglamentos.
Argumentó que los estatutos de la Cruz Roja Dominicana a nivel internacional prohíben que sus miembros sean militantes de partidos, y que Capellán fue candidato a diputado en San Juan de la Maguana (por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Explicó que Capellán alega que es vicepresidente de la Cruz Roja, pero que desde que fue apartado han pasado cuatro elecciones consecutivas, “usted cree que si tuviera alguna razón de derecho, haría eso que hizo, no lo creo”, agregó.
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No obstante, expresó que la sentencia TC/0725/18 del Tribunal Constitucional, que Capellán dice favorece su reintegración a la presidencia del organismo, está sometida a recurso, por lo que no es definitiva.
“Vivimos en un estado de derecho y ninguna circunstancia puede justificar prevalecerse de la nocturnidad, venir disfrazado de una cosa para al final ser otra, írsele encima a la seguridad con armas”, precisó.
Cómo se eligen los directivos
Blaurio Alcántara expuso que el órgano superior de la Cruz Roja es la Asamblea Nacional, que se convoca para elecciones cada cuatro años, y que la última fue el 15 de agosto de 2019, donde fue escogido el actual consejo, encabezado por la doctora Ligia Leroux.
Leroux falleció en diciembre pasado, por lo que la vacante en la presidencia del consejo fue ocupada por el entonces vicepresidente Miguel Sanz el 15 de diciembre, y en la filial 89 de la entidad, por Bismarck Morales.
Presupuesto de 700 millones
Indicó que “en términos generales”, la fuente del presupuesto de unos 700 millones de pesos son los servicios que brinda la Cruz Roja a través de su banco de sangre, de alquiler de ambulancias al Sistema 911 y la gestión de proyectos de organismos internacionales.
Recibe, además, una partida de tres millones de pesos mensuales del Gobierno para pago de nómina, que al mes asciende a 26 millones.
En la sede tiene unos 200 empleados y otros 600 asignados a los servicios del 911.
Recordó que solicitó una auditoría cuando asumió el cargo hace un año, pero la Cámara de Cuentas aún no le ha entregado los resultados.
