Cámara de Diputados I Foto: CDRD
La Cámara de Diputados aclaró que el aumento en los topes presupuestarios de los ayuntamientos conforme a la Ley 176-07 no implica ni permite el incremento de salarios de los alcaldes ni regidores, sino que responde a una necesidad real de dotar a los gobiernos locales de mayores capacidades operativas.
Además, con la nueva ley se busca responder a las demandas ciudadanas, cumplir con su mandato constitucional y fortalecer la descentralización.
Asimismo, indicó que persigue proporcionar mayor autonomía a los gobiernos locales, tal como lo establece la Constitución, y busca mejorar la gestión de éstos, así como garantizar servicios de la calidad.
También, establece el marco normativo para la organización, funcionamiento y competencias de los ayuntamientos en la República Dominicana, pero la misma no contempla aumentos de gastos de representación o incremento de salarios de alcaldes ni regidores.
El artículo 140 de la Constitución expresa que ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus titulares o directivos.
En ese contexto, la Cámara Baja indica que el aumento de los topes presupuestarios destinados a los ayuntamientos responde a la necesidad de fortalecer la gestión municipal, mejorar la calidad de los servicios públicos locales y cumplir con los nuevos retos del desarrollo territorial, sin que esto signifique un incremento en la compensación económica de los alcaldes u otras autoridades electas.
Aumento presupuestario
Según la nota de prensa, la modificación de la Ley del Distrito Nacional y los municipios establece un aumento en las partidas presupuestarias, distribuidas de la siguiente manera:
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Servicios municipales: 40 %, que incluye limpieza, iluminación y seguridad comunitaria.
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Infraestructura menor: 25 %, destinado a caminos vecinales, parques y drenaje pluvial.
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Fortalecimiento institucional: 15 %, que abarca capacitación, digitalización y sistemas de control.
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Programas sociales y desarrollo comunitario: 15 %, que contempla iniciativas en juventud, género, medio ambiente y cultura.
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Emergencia y resiliencia: 5 %, para preparación ante desastres y salud comunitaria.
