La dignidad es el valor inherente que tenemos como seres humanos. Es inherente a nosotros, nacemos con ella, nadie nos la otorga. Ser digno es ser libre; es estar convencido de que se es importante y obrar en consecuencia.  Por ello, la dignidad está íntimamente relacionada con la autoestima, el equilibrio y la salud mental.

La dignidad constituye la base de los Derechos Humanos y ha sido consagrada en diversas legislaciones a nivel internacional, siendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 el principal referente en la materia, cuando en su preámbulo establece: “… la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…”, para luego sentenciar en su artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”.

En nuestra Constitución, los derechos fundamentales están contemplados a partir del artículo 37 (derecho a la vida) hasta el artículo 67 (derecho a la protección al medio ambiente), destacándose la dignidad en el artículo 38:  “El estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes.La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

Los estados están llamados, pues, a ser garantes del respeto a la dignidad y los demás derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, transgreden la dignidad de los gobernados cuando no garantizan la seguridad alimentaria, la educación, la salud y las condiciones para la adquisición de una vivienda digna. Resulta muy cuestionable la labor de los Estados cuando niegan la participación, cuando pagan salarios de miseria o cuando violentan la integridad física y psicológica de aquellos a quienes deben resguardar. Constituye un atropello a la dignidad humana la discriminación, el abuso infantil, la represión a la libre expresión y al libre desarrollo de la personalidad, entre otras prácticas.

El principal indicador de un clima de democracia nos remite, indefectiblemente, a la garantía de la dignidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos por parte de los estados. En ese tenor, la mejor estrategia se orienta hacia la promoción de la legislación sobre la materia. Para ello es necesario un arduo trabajo en nuestras aulas, no solo con los niños y los más jóvenes, ya que el gran desafío radica en la capacitación a los propios maestros, la mayor parte de los cuales desconoce estos preceptos constitucionales básicos.  Esto va mucho más allá de moral y cívica, de la bandera y del escudo. La educación en derechos humanos trasciende el texto de un himno cuya verdadera comprensión, hasta hoy, ha figurado como una asignatura reprobada.

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