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El Juzgado de la Instrucción de Independencia impuso tres meses de prisión preventiva contra una mujer acusada de los delitos de trata y explotación sexual comercial de tres menores de edad en esta provincia de la región fronteriza del país.
Un comunicado del órgano investigador informa este viernes sobre la medida de coerción en contra de la imputada Ana Yuleimi Lebrón que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Baní-Mujeres, en la provincia Peravia.
Por este caso también fue procesado Miguel Salvador Novas Medrano, alias Peña, a quien se le impuso como medida de coerción una garantía económica de 5,000 pesos en efectivo y presentación periódica mensual ante el Ministerio Público.
La nota indica que los imputados son de nacionalidad dominicana al igual que las víctimas de 15, 16 y 17 años de edad, quienes fueron entregadas a sus familiares.
Ambos encartados, señala la información, fueron apresados el pasado 15 de julio durante el chequeo de una bomba de la zona fronteriza de Mal Paso por parte de miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza (Cesfront), cuando volvían a territorio dominicano procedentes de Haití.
Respecto a la imputada Ana Yuleimi Lebrón se informó de que esta habría captado a las tres menores en Villa Mella, en Santo Domingo Norte, donde reside, y que las había trasladado a un club nocturno en Haití, evadiendo todos los controles fronterizos y migratorios.
Una vez en Haití, según se ha establecido en el transcurso de investigaciones, las menores sostenían relaciones sexuales con clientes del club, actividad por la que, presuntamente, la imputada obtenía beneficios económicos.
En cuanto a Miguel Salvador Medrano Novas, es investigado en su condición de taxista, ya que según se ha determinado que habría trasladado a las menores a su regreso de Haití.
Los imputados son investigados por la presunta violación del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley sobre el Tráfico ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
El Ministerio Público destacó que la Procuraduría Fiscal de Independencia cuenta con suficientes evidencias para sustentar una acusación y solicitar la pena máxima por esos graves delitos.
