Procuraduría General de la República | Foto: ProcuraduriaRD
El Ministerio Público obtuvo medidas de coerción en contra de una mujer que fue arrestada el pasado 15 de julio en la calle Principal del municipio de Pueblo Viejo de Azua por estar vinculada a la explotación sexual de una adolescente embarazada de 17 años de edad.
El Juzgado de la Instrucción de Azua impuso medidas de coerción consistente en una garantía económica de RD$15 mil en efectivo y presentación periódica mensual durante un período de seis meses en contra de María Tereza Montero, alias Patricia.
En la solicitud de medidas de coerción hecha al tribunal, el Ministerio Público establece que Montero presuntamente explotaba sexualmente a la adolescente, obteniendo un beneficio a cambio, lo cual indica que constituye una acción penalmente relevante, tipificada a prima fase en el artículo 3 de la Ley No. 137-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y 410 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Mediante un comunicado de prensa, se informó que la imputada fue arrestada luego de que se practicara un allanamiento mediante orden judicial en su residencia, donde fue rescatada la menor y llevada a un centro del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conanai). El nombre de la víctima fue omitido por razones legales.
La adolescente presuntamente sostenía relaciones sexuales con diferentes hombres que frecuentaban la residencia de Montero, actividad de la cual se beneficiaba la encartada, según se ha establecido durante las investigaciones mediante agentes bajo reservas con autorización judicial que visitaron dicha vivienda.
El órgano persecutor indicó que Montero conocía a la menor desde niña, ya que era su vecina en el sector de Palavé en Santo Domingo Oeste, lugar de residencia de la madrastra de la víctima.
El Ministerio Público destacó que continúa profundizando las investigaciones del lamentable caso y reafirmó su compromiso de seguir luchando para que ningún hecho que atente contra la dignidad y la integridad de los niños, niñas y adolescentes quede impune.
