Julio Santana
Uno de los aspectos más destacados del Reglamento núm. 258-20 de Transporte de Cargas, que hemos estado abordando en entregas anteriores, son los permisos especiales que los operadores responsables deben presentar ante la autoridad competente. Estos permisos son necesarios cuando se trata de cargas indivisibles o con características que requieren condiciones particulares de traslado, así como para unidades de transporte sobredimensionadas o con sobrepeso.
Estos documentos abarcan el transporte de carga de doble cola y vehículos extralargos; cargas irregulares como sustancias peligrosas, que deben ser otorgados por viaje o transporte; carga sobredimensionada que excede los límites establecidos; carga especializada (grúas, frigoríficos, plataformas especiales, etc.) y cargas de alto riesgo como residuos tóxicos y mercancías peligrosas.
Además, se establece la obligación de obtener permisos temporales para el transporte de carga desde la vecina Haití. No obstante, la conformidad con los requisitos establecidos en estos ámbitos sigue siendo una incógnita, y una idea de la observancia de tales disposiciones se refleja en el transporte de animales en el país. Los lectores deben saber que estas cargas vivas están sometidas al cumplimiento de los requisitos para el transporte de cargas especiales que se normaliza en el reglamento.
Aparte de las obligaciones relacionadas con contratos y seguros, resulta llamativa la rigurosidad de los requisitos de seguridad vial y técnicos. Entre ellos, destaca la limitación de velocidades, donde los vehículos de transporte de carga no pueden superar los setenta kilómetros por hora en carreteras troncales, y cincuenta y cinco kilómetros por hora en carreteras secundarias y terciarias. Este requisito, sin embargo, no se cumple ni siquiera en las avenidas importantes de las grandes ciudades ni en sus circunvalaciones, evidenciando la falta de adherencia a las normas. Tampoco se cumple en otros aspectos como los carriles asignados, la presencia de material reflectivo, el rotulado para dobles colas y la exhibición de placas metálicas en la parte trasera de los vehículos.
La inspección técnica regular de los vehículos de carga parece ser inexistente, poniendo en riesgo la seguridad en las calles. Se plantea la pregunta sobre la falta de implementación masiva de las inspecciones técnicas regulares y quiénes son los que cumplen, dada la visión dantesca de la realidad que se presenta diariamente ante todo el que sale de su casa a transitar por las avenidas y calles de las ciudades o fuera de ellas.
Observemos los neumáticos, evaluemos los sistemas de frenos y las luces delanteras y traseras. Detengamos al azar a unos cuantos de estos medios de transporte y evaluemos cómo están aseguradas las cargas, cuál es el estado del sistema de enfriamiento, alineación del tren direccional y balanceo de neumáticos, así como de la lubricación y aceite del motor y los filtros de aire y aceite. ¿Dónde tiene lugar de manera obligatoria y masiva la inspección técnica regular de estos medios de transporte? ¿Quiénes pueden presentar constancias del cumplimiento en toda su amplitud de los múltiples requisitos exigidos con carácter imperativo?
El reglamento actúa como una normativa rectora en la regulación de vehículos que transportan diversos tipos de cargas. A estas alturas, el Intrant debería tener normativas técnicas que abarquen los temas derivados de este dispositivo de ley, como permisos para cargas especiales, autorización para transporte de mercancías peligrosas, documentos de transporte, sistema de costos eficientes de referencia, corredores logísticos, construcción de paradores y requerimientos técnicos y ambientales para vehículos de transporte de carga.
Al considerar la apuesta del Intrant por la movilidad sostenible en el Gran Santo Domingo, se destacan iniciativas para regular estacionamientos, intersecciones seguras, movilidad escolar y corredores de transporte urbano, entre otras. Todo eso está bien, pero el mayor desafío para el Intrant y las máximas autoridades involucradas, sean militares o no, es hacer cumplir la ley y someter a las reglas a los empresarios del transporte, principales contribuyentes a la anarquía en la movilidad y seguridad vial en la República Dominicana, junto con el incumplimiento desafiante y creciente por parte de los ciudadanos.
La gran exigencia del momento es superar de una vez por todas la aciaga tradición de utilizar las leyes y sus reglamentos para hacer negocios. No me hablen de más planes y quimeras. La mayor aspiración de la mayoría de los dominicanos es que las regulaciones, especialmente en ámbitos críticos, se cumplan de manera estricta y visible, sin atajos perniciosos y mal intencionados. La administración política que lo logre podrá reelegirse cinco veces. ¿Es muy tarde?
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