Narciso Isa Conde | Foto: Kelvin de la Cruz
Un mayor descrédito del sistema, de sus votaciones, su Junta Central Electora (JCE) y sus instituciones.
Una mayor desconfianza en el sistema de partidos.
Una votación, con una gran parte lograda a base de clientelismo, sobornos y múltiples modalidades de corrupción y perversión política.
Una concurrencia precaria en relación con los padrones electorales empleados: alrededor de un 30 % en las primarias cerradas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de menos aun en las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Un proceso despreciado por más del 70 % de los votantes inscritos.
Un proceso pervertido por las facciones en pugna hasta niveles indignantes: más de tres mil millones de pesos gastados del dinero de los /as contribuyente, buena parte robado al Estado, invertido en unas primarias corrompidas y fraudulentas
Numerosas precandidaturas en busca de impunidad.
Prostitución de la competencia entre el danilismo y el leonelismo.
Total ausencia de un arbitraje imparcial y descalificación de la JCE.
Tolerancia total de las violaciones a las leyes y reglamentos, y extensión de la impunidad al escenario electoral.
Acentuación de la tendencia mafiosa del danilismo y del conservadurismo corrupto del leonelismo, articulado al neofascismo.
Un PLD brutalmente dividido.
Un PRM disminuido, aunque con posibilidades de sacar provecho de la división (orgánica o no) del PLD y del deseo de mucha gente de salir de los 20 años del nefasto reinado peledeísta.
Una profundización de la tendencia a la marginalidad y debilitamiento extremo de las opciones que no se subordinen a los polos hegemónico PLD y PRM bajo tutela de EE.UU., sus Trump y Pompeo.
Un proceso electoral cada vez más intervenido y pendiente de las decisiones del Departamento de Estado-USA.
Serias dudas sobre la idoneidad del voto automático por las evidencia de fraudes sofisticados.
Anuncio de calamidades más graves para el 20-20 y tendencia a la repetición en grande de las prácticas fraudulentas y las fechorías electorales.
Reforzamiento de la convicción en amplios sectores de que no hay vía institucional para ponerle fin al sistema de corrupción e impunidad; y fortalecimiento, en consecuencia, de la razón de ser de Marcha Verde.
Mayor pertinencia del ejercicio de la democracia de calle para producir los cambios constitucionales e institucionales y las transformaciones estructurales que abrirían las compuertas para superar este lodazal.
Mejores condiciones para crear, desde el pueblo movilizado, poder constituyente transformador; y para situar en la agenda nacional la propuesta de Proceso Constituyente, quiebra del poder constituido altamente desacreditado, transición hacia una democracia real, Asamblea Constituyente Popular y Soberana, nueva institucionalidad y elecciones sobre bases democráticas e invulnerable al fraude.
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