Ángel Bello
El concepto "derechos humanos" hace referencia a aquellas libertades y garantías que tienen todas las personas por el solo hecho de existir. Más allá de las prerrogativas constitucionales, todos los seres humanos, sin importar sus condiciones, tienen derechos que, por ser inherentes a la naturaleza humana, son también universales.
Los derechos humanos están íntimamente vinculados con el concepto de desarrollo humano, lo cual "… comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses…" (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD). Por vía de consecuencia, el fomento del desarrollo humano es inconcebible sin respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos.
El principal sistema de protección internacional de los derechos humanos es el llamado "sistema universal", el cual pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del que son miembros casi todos los países del mundo, incluida República Dominicana.
Formar parte de ese concierto de naciones que se han comprometido a respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos en sus respectivos países y que son signatarias de acuerdos jurídicamente vinculantes, plantea, por supuesto, expectativas sobre asesoría técnica y asistencia económica para poder materializar esas aspiraciones, pero también exigencias en el orden del cumplimiento de obligaciones de cara al mundo.
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El hecho de ser parte de un sistema internacional de protección de los derechos humanos obliga a los estados miembros, entre otras cosas, a adecuar su legislación interna a los términos de aquellos tratados que ratifican como parte de los acuerdos enfocados en lograr la paz, expresada ésta en indicadores de justicia social tales como la igualdad y la equidad (véase, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, PNUD).
En el caso de República Dominicana y a propósito de los derechos de las mujeres y el controversial tema del aborto, la ONU ha recomendado “despenalizar el aborto, a fin de evitar el importante número de muertes de mujeres y adolescentes por la práctica del mismo en condiciones inseguras.
De manera particular urge la despenalización del aborto cuando: a) hay un embarazo no deseado producto de violación sexual o de incesto, b) cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer y, c) cuando el producto de ese embarazo viene con malformaciones incompatibles con la vida” (Informe sobre República Dominicana para del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, ONU 2019).
La reflexión a la que debemos abocarnos es la siguiente: ¿Estamos los dominicanos preparados para este cambio disruptivo no solo en lo que respecta a la salud de las mujeres, sino también con implicaciones éticas y morales para todos? ¿Es preferible promover y avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ampliando y profundizando otros tales como la alimentación, el acceso oportuno a servicios de salud y la educación de calidad? ¿O, por lo contrario, negar a las mujeres el derecho que esgrimen a decidir sobre su propio cuerpo constituye un acto violatorio a su dignidad, a su integridad física y su salud mental, y, por ende, a su desarrollo pleno? Esperemos del Congreso Nacional la decisión más justa y la más ética.
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