Protesta contra Maduro | Foto: Juan Carlos Hernández/Dpa
El Parlamento de Venezuela, que controla la oposición, denunció este jueves la "desaparición forzosa" de cuatro personas consideradas "presos políticos", al tiempo que exigió una señal de vida de estos detenidos contrarios al Gobierno de Nicolás Maduro.
La legisladora antichavista Delsa Solórzano aseveró a periodistas que los militares Luis de la Sotta, Igbert Marín Chaparro y Ruperto Molina, así como el civil Carlos Marrón, "están en condición de desaparición forzada" y que, a su juicio, la vida de los cuatro está en riesgo.
"Queremos insistir en la presunción de desaparición forzada porque hace muchas semanas que no se permite que estos sean visitados", añadió Solórzano, que hace parte de la comisión de política exterior de la Cámara.
La diputada también dijo que esclarecer estos casos "es de urgencia para Venezuela", y estimó que los detenidos permanecen en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde hace semanas murió el militar Rafael Acosta Arévalo, un caso que la Fiscalía maneja como "asesinato".
"Lo último que se supo de estos ciudadanos es que estaban siendo sometidos a torturas en un cuarto de castigo, y estas torturas bien sabemos que cuando las aplica el Dgcim pueden producir terribles resultados, como lo que ocurrió con el capitán Acosta Arevalo", prosiguió Solórzano.
Marín Chaparro fue detenido en marzo de 2018 bajo acusaciones de liderar un complot contra el Gobierno de Maduro; Ruperto Molina fue apresado en mayo de 2018 por presunta rebelión y traición a la patria; mientras que De la Sotta fue aprehendido por supuesta conspiración en 2017 y Carlos Marrón fue detenido en abril de 2018, acusado de legitimar capitales.
Asimismo, Solórzano señaló que el Parlamento tiene "conocimiento de que todos los presos políticos en Dgcim siguen siendo torturados" de forma física y psicológica, e insistió en que las condiciones de detención son deplorables.
Venezuela atraviesa por un alto pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró otro período de seis años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional porque a los principales líderes opositores se les impidió participar en esos comicios.
En respuesta, el líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Juan Guaidó, se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente encargado en interpretación de varios artículos de la Constitución venezolana.
