El fiscal general estadounidense, William Barr I Foto: EFE/ Shawn Thew
El Comité Judicial de la Cámara Baja de EE.UU., controlado por los demócratas, adoptó este lunes los primeros pasos para declarar en desacato al fiscal general, William Barr, por no entregar una versión sin censurar del informe de la llamada trama rusa al Congreso, lo que el Gobierno intenta evitar con un acuerdo.
El presidente de ese comité, el liberal Jerrold Nadler, fijó para el próximo miércoles, 8 de mayo, a las 10.00 hora local (14.00 GMT) el voto para decidir si ir adelante o no con el proceso de acusar a Barr en desacato, según un comunicado publicado en la página web del órgano que preside.
Este lunes expiraba el plazo dado por Nadler al secretario de Justicia para que entregara el informe íntegro elaborado por el fiscal especial Robert Mueller sobre los posibles vínculos entre el equipo electoral del presidente Donald Trump y Rusia durante la campaña para las elecciones de 2016.
En ese documento, del que el Departamento de Justicia ha publicado una versión censurada con numerosas tachaduras, Mueller no halló pruebas de vínculos entre el entorno de Trump y Moscú, pero arroja dudas sobre una presunta obstrucción a la Justicia del mandatario.
En el comunicado, Nadler explicó el motivo de la votación del miércoles: "El fracaso por parte del fiscal general en cumplir con nuestra citación, tras esfuerzos extensos de acomodar (una fecha), no nos deja más opción que iniciar los procedimientos por desacato para hacer cumplir la citación y el acceso al informe completo, no censurado", dijo.
"Si el Departamento (de Justicia) nos presenta de buena fe una oferta para acceder al informe íntegro y las pruebas subyacentes, me reservo el derecho de posponer estos procedimientos", indicó Nadler.
Los miembros del Comité Judicial debatirán y someterán a voto el miércoles una resolución de desacato contra Barr, que de ser aprobada pasaría al hemiciclo de la Cámara Baja, que debería pronunciarse para autorizar un procedimiento legal.
La reacción del Departamento de Justicia no se hizo esperar y el ayudante del fiscal general, Stephen Boyd, dirigió una carta a Nadler en la que le pidió celebrar una reunión el miércoles para analizar "un acomodo aceptable" para que más legisladores tengan acceso a una versión menos censurada del informe de Mueller y otro tipo de material.
Boyd recordó la iniciativa de Barr de publicar el informe "con ediciones mínimas" y su disposición a testificar ante el Congreso, lo que calificó de "acomodos extraordinarios".
"Esta citación no es supervisión (por parte del Congreso) legítima", se quejó el ayudante del fiscal, que también la tachó de "exagerada" y "molesta".
El republicano de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Doug Collins, criticó en un comunicado la decisión de los demócratas por "ilógica e hipócrita", dado que el Departamento de Justicia continúa negociando con los legisladores.
"Los demócratas han lanzado una guerra subsidiaria para difamar al fiscal general cuando su ira en realidad va contra el presidente y el fiscal especial, que no halló ni conspiración ni obstrucción", lamentó Collins.
Sin embargo, un total de 375 ex fiscales generales consideraron hoy en una carta publicada por medios locales que Trump hubiera sido acusado formalmente de obstrucción a la Justicia por las revelaciones del informe de la trama rusa de no haber sido presidente de EE.UU.
La última y única vez que un fiscal general se enfrentó a una acusación de desacato fue en 2012.
Ese año, la Cámara Baja, controlada entonces por los republicanos, declaró al que fuera titular de Justicia, Eric Holder, en desacato por el llamado caso "Rápido y Furioso", ya que se negó a entregar documentos sobre una fallida operación que permitió el trasiego ilegal de armas a México en 2009.
La medida no conllevó la dimisión de Holder, pero abrió las puertas a un proceso judicial tanto por la vía penal como la civil, aunque el departamento que dirigía decidió no abrirlo y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia le eximió de culpa tras una investigación.
