Rodolfo Valentín Santos, director Oficina Nacional Defensa Pública | Foto: Yohan Castillo
El director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, quien estuvo este lunes en El Gobierno de la Tarde, informó que en la actualidad el país cuenta con 124 defensores públicos y 160 abogados adscritos, que son contratados por el término de un año por la necesidad que han tenido.
Dijo que de hecho el plan estratégico contemplaba 450 defensores públicos a nivel nacional, y a 16 años de abrir la institución, apenas son 124.
“Nos mantenemos con el mismo presupuesto del año pasado. En principio nacimos con la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la misma ley establecía que a los cinco años nos íbamos a separar y tendríamos autonomía presupuestaria, financiera y administrativa”, señaló y añadió que pese a ello, el Consejo de la Oficina Nacional de la Defensa Pública está presidido por el presidente de la SCJ.
Sobre la petición de aumento por parte de defensores públicos, argumentó que lo reclaman por la poca cantidad de personal con que cuentan.
Manifestó que tienen una carga considerable de asistencia, citando como ejemplo mirar la cantidad de defensores con los que cuentan y la cantidad considerable de asistencia.
Resaltó que en el ámbito penal la Defensoría Pública asiste entre un 70 a un 80 % de los casos, y que realmente necesitan más abogados para poder dar abasto.
“Nosotros requerimos unos 400 y algo de abogados a nivel nacional para poder cubrir todas las clases”, dijo.
Expresó que no es posible que un paralegal le dé asistencia a 8 defensores públicos y en algunas jurisdicciones hasta a 10.
A modo de testimonio, contó que en su caso, en pleno ejercicio como defensor público, llegó a cerrar diciembre con 564 casos entre activos y semiactivos (que en cualquier momento se activan), conociendo procesos diarios.
Destacó que tienen que agradecer al Poder Judicial por cederles espacios en algunos lugares, ya que hay provincias donde, en locales con 4 modulares, trabajan 8 personas y a veces un solo cubículo es compartido por tres abogados.
Se quejó de que en La Romana le están cobrando mil dólares al mes por un local, y no tienen dinero para asumir estos costos tan altos.
Manifestó que desde el 2016 hasta finales de 2017 solo por abandono de abogados privados, en la Oficina Nacional de Defensoría entraron más de 32 mil casos. "Eso quiere decir que la necesidad de tener un defensor público es imperante porque el sistema de justicia no puede detenerse".
Señaló que pese a las precariedades, el defensor público deja el "pellejo" en los tribunales de la República, porque asisten y defienden a personas que nadie los quiere cerca.
