La defensora del pueblo, doctora Zoila Martínez Guante I Foto: Defensor del Pueblo
La defensora del pueblo, doctora Zoila Martínez Guante, solicitó al presidente Luis Abinader ponderar la conveniencia de someter al Congreso Nacional un proyecto de ley que prohíba y penalice con multa y prisión los actos de venta, arrendamiento, hipoteca o cualquier otra forma de negocio con las viviendas adjudicadas por el Estado a familias necesitadas.
Planteó que esa penalización debe imponerse tanto a los beneficiarios de los inmuebles como a los terceros que realicen dichos negocios.
“No es justo que del presupuesto nacional, alimentado a su vez con los impuestos que pagamos todos los dominicanos, se construyan grandes proyectos habitacionales para beneficio de la población más empobrecida, resultando al final en fraudes contra el Estado y el pueblo mismo, debido a la práctica de muchos adjudicatarios de realizar los negocios arriba señalados, para luego volver a las márgenes de los ríos, arroyos y cañadas, creando y manteniendo grandes cinturones urbanos de miseria”, señaló Martínez Guante.
La defensora del pueblo hizo la propuesta en una carta que envió al presidente Luis Abinader, de fecha 31 de agosto, en la cual anexa una propuesta del proyecto de ley que sugiere al mandatario.
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En la misiva, Martínez Guante expuso que los fenómenos naturales que se presentan durante la temporada ciclónica son un triste recordatorio periódico de la necesidad de imponer orden y un régimen de consecuencias contundentes contra la construcción de casuchas a las orillas de ríos, arroyos y cañadas, que al desbordarse arrasan con todo lo que encuentran a su paso, dejando muerte, angustia y desolación.
“Os invitamos, respetuosamente, señor presidente, a revisar y tomar en cuenta la propuesta del proyecto de ley que se anexa para cortar de raíz la angustia que nos arropa a todos tras el saldo que dejan los fenómenos naturales. Lo único que no se termina es lo que nunca se empieza. Con esta medida usted será recordado como un protector de la vida humana", sugiere la funcionaria al presidente.
Consideró que los organismos de seguridad pública, tanto nacionales como municipales, deben ejercer la responsabilidad de vigilar que una vez sean trasladadas las familias de los lugares vulnerables, sometan a la justicia a todo aquel que se instale otra vez allí.
