Gonzalo Castillo I Foto: fuente externa
La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, denunció ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que el Ministerio Público coordinó con personas que, según sus propios señalamientos, son los verdaderos responsables de los hechos por los cuales se acusa a su defendido, pero que fueron excluidas del proceso o beneficiadas con criterios de oportunidad.
Los abogados Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas afirmaron que el órgano acusador construyó su expediente a partir de acuerdos con individuos que admitieron haber organizado las operaciones ilícitas, pero que no fueron llevados al banquillo de los acusados, mientras se persigue penalmente a Gonzalo Castillo.
Entre ellos señalaron a Fernando Crisóstomo, identificado como uno de los organizadores del entramado junto a Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y José Arturo Ureña, todos favorecidos con criterios de oportunidad, pese a haber reconocido su participación directa en los hechos. Para la defensa, estos debieron ser los principales acusados del proceso y no testigos protegidos.
También citaron a Carlos Báez Batista, exgerente de una entidad bancaria, quien habría coordinado con Crisóstomo retiros de grandes sumas de dinero en efectivo y que, pese a su presunto rol, fue presentado como testigo por el Ministerio Público.
Los juristas indicaron que conversaciones de WhatsApp, incorporadas por la propia acusación, evidencian que Fernando Crisóstomo informó a Carlos Báez Batista sobre sus contactos y coordinaciones directas con actores influyentes dentro del Ministerio Público, incluso antes de que existiera un juez apoderado del proceso.
Acosta, Perdomo y Rivas sostuvieron a través de un comunicado que estos elementos confirman que el proceso está viciado desde su origen y refuerzan su solicitud de nulidad de la acusación, al considerar que el Ministerio Público persigue a quien no participó en los hechos y protege a quienes sí lo hicieron.
Sobre el caso
La acusación formal establece que los acusados integraban una supuesta red delictiva que desvió del Estado más de RD$19,000 millones, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos.
Además de los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, en el expediente figuran como encartados Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; así como Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
