Esteban Delgado | Foto: Kelvin de la Cruz
El sector cooperativista es uno de los más dinámicos de la economía dominicana. No se ponen en dudas sus aportes al desarrollo social, especialmente en los pueblos del interior del país, así como la generación de empleos y contribución con la inclusión financiera.
De acuerdo con las estadísticas del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), las cuales son incompletas, ese sector tiene activos por no menos de RD$238,000 millones en un conjunto de 1,694 cooperativas (mal contadas).
Pero resulta que alrededor del 87 % de los activos de esas entidades de economía solidaria están agrupados en apenas 23 cooperativas. Es posible que esas y unas cuantas más cumplan con los mandatos legales para operar de manera adecuada mediante la tan predicada “autorregulación”.
El punto es que el buen funcionamiento de un sector que mueve tanto dinero de los ahorristas a quienes llaman socios no puede sustentarse en la honorabilidad de sus directivos. El Estado debe cumplir su rol de regulador y vigilante del buen funcionamiento y de las garantías necesarias para evitar situaciones indeseadas y para castigar a quienes incurran en acciones indebidas.
Con la “autorregulación”, las cooperativas lo que hacen es operar de forma adecuada, pero cuando se producen situaciones indelicadas, tienden a ocultarlas para evitar descrédito público y seguir operando.
Decir que nunca se han escuchado escándalos de irregularidades en el sector cooperativo no indica que no se hayan producido. Más bien es que, como se trata de un sector autorregulado, seguro nunca nos vamos a enterar de esas ocurrencias.
No es una casualidad que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le insista a las autoridades del Gobierno dominicano que establezcan mecanismos legales para regular a las cooperativas que realizan actividades de intermediación financiera. El FMI observa que existen riesgos en ese sector y que lo ideal es prevenirlos con la regulación efectiva de parte de las autoridades competentes.
Tampoco es casualidad que a su llegada al Idecoop, el presidente administrador actual, Franco de los Santos, haya encontrado 251 cooperativas “inactivas”. La pregunta es, ¿su condición de inactivas indica que estaban cerradas? Pero también uno se pregunta por qué estaban inactivas, ya que tal vez algunas de las raciones hayan sido irregularidades graves y no simples atrasos en las entregas de sus estados financieros.
Pero también es posible que estuvieran inactivas en el Idecoop, mientras seguían o siguen operando de manera irregular en sus respectivas comunidades.
Nada de eso se puede determinar con exactitud, debido a que, además de la debilidad institucional del Idecoop para regular de manera efectiva y estricta a las cooperativas, no se percibe una intención clara de parte de esa institución por cambiar eso.
De hecho, desde la gestión gubernamental anterior a esta se venía trabajando en un proyecto de ley para modificar a la Ley Monetaria y Financiera 189-02, a los fines de incluir a las cooperativas que realizan intermediación financiera en la regulación que aplica la Superintendencia de Bancos (SB) en otras entidades del sector que, incluso, mueven menos dinero que las cooperativas.
El otro proyecto de ley era para convertir al Idecoop en una Superintendencia de Cooperativas que se encargaría de regular con instrumentos más fuertes a las entidades de economía solidaria que no entraran a la regulación de la autoridad monetaria.
Nada de eso se realizó en gestiones pasadas, aunque se avanzó “en teoría”. Ahora, en la gestión actual, ni siquiera se consideraron esos avances y lo que se plantea es agregar un departamento al Idecoop para que se encargue de la regulación. Esto, a su vez, es una admisión de que la regulación es débil.
Mientras tanto, los representantes del sector cooperativo continúan defendiendo la manera como operan bajo el argumento de que son personas honorables que cumplen con los parámetros legales establecidos, algo que suponemos, pero no sabemos, pues carecemos de formas de comprobar que todas las cooperativas igual están operando de manera adecuada.
¿Acaso un sector que agrupa a cerca de 1,700 entidades puede estar completamente inmaculado? Yo creo que no, pero en este caso, la respuesta de todos, incluidos los llamados a regular desde el Idecoop, es que no lo saben.
Yo, particularmente, prefiero la regulación oficial a la “autorregulación”.
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