Una de las grandes revoluciones que debemos emprender con entusiasmo en este país es la de implantar una cultura de cumplimiento de normas técnicas y reglamentos gubernamentales destinados a proteger la salud humana, animal y vegetal, así como el medio ambiente, y prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores. Esta cultura impacta positivamente a las empresas, ya que numerosos estudios serios demuestran que las cumplidoras potencian sus fortalezas y acceden a mercados organizados al cumplir con los requisitos técnicos de las normas de productos. Cuando los consumidores y usuarios de un mercado así organizado aceptan nuestros productos y aumentan sostenidamente sus órdenes de compra, es cuando realmente se pone en evidencia que las empresas proveedoras son competitivas.

Llegar a este punto no es fácil. Ser competitivos no es un deseo, es un compromiso y una práctica sostenida. Requiere una cultura de cumplimiento arraigada en todos los niveles de las empresas. Para lograr que los productores incorporen normas de calidad (voluntarias) a sus procesos y cumplan, además, con los reglamentos vigentes de los mercados destino (de observancia obligatoria) para una gran cantidad de productos, es necesario que tanto las autoridades como los ciudadanos estén impregnados por una cultura de calidad, es decir, de  la convicción profunda que se despliega en actitudes, valores y comportamientos orientados deliberadamente al logro de la excelencia en la calidad de los productos o servicios.

Si bien la cultura de calidad a la que aspiramos es un concepto generalmente relacionado con las funciones productivas o el ámbito empresarial, también compete al mundo ciudadano. Los ciudadanos no solo reciben los beneficios del cumplimiento de estándares por parte de las empresas y las entidades de servicios, sino que en muchas áreas son actores activos en su observancia.

Las guarderías infantiles, las áreas de juego infantiles, el transporte de escolares, la conducción de automóviles, el desplazamiento de cargas de todo tipo, la movilidad por avenidas y calles, el pilotaje de aviones, la construcción de edificios, el asfaltado de avenidas y calles, los reglamentos de los residenciales, el comportamiento preventivo ante la proximidad de fenómenos naturales destructivos, y la manipulación o el uso de sustancias peligrosas son ejemplos de actividades donde la observancia de normas juega un papel crucial.

En el caso de las empresas, el asunto radica en hacer bien las cosas desde el principio, produciendo con base en requisitos o especificaciones aprobadas por una autoridad luego del consenso entre las partes directamente interesadas, como es el caso de las normas dominicanas. En cuanto a los reglamentos técnicos, que tienen fuerza de ley, los reguladores del Estado, como Pro-Consumidor, deben vigilar y asegurar su cumplimiento, independientemente de su objeto de aplicación.

Como se ha reiterado en esta columna, ofrecer evidencias de que las características de un producto o los procesos y métodos de producción relacionados cumplen con las disposiciones aplicables, incluidas las prescripciones en materia de metrología o mediciones, terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado, es una tarea complicada y de connotación nacional. Primero, el país debe disponer de una infraestructura técnica que ofrezca servicios de mediciones trazables y confiables. En segundo lugar, de un servicio de normalización que colabore permanentemente con el sector productivo nacional y diagnostique sus necesidades; tercero, de la capacidad nacional para ayudar a las empresas a implementar normas y reglamentos en sus procesos; cuarto, de servicios acreditados de evaluación de la conformidad, como los provenientes de laboratorios de pruebas, ensayos y calibración, entidades de inspección y certificación, y personas competentes, y por último, y relacionado con esto último, de una entidad de acreditación que debe mantener acuerdos de reconocimiento de los certificados que emite, en el marco de las organizaciones mundiales o regionales competentes. El organismo de acreditación se convierte así en la confianza en el sistema nacional de la calidad.

Todas estas actividades, actuando en perfecta sintonía y guiadas sabiamente por una política nacional de calidad que exponga claramente una hoja de ruta de elevado consenso intersectorial, suponen la existencia de una infraestructura nacional de la calidad, que no es ni más ni menos que el Sistema Dominicano para la Calidad (Sidocal), que ya cumple su 12 aniversario.

Debemos puntualizar, finalmente, que para muchos la calidad es una moda y no quieren recorrer el camino del esfuerzo que implica la implementación de normas, el cumplimiento de reglamentos técnicos, la calibración de equipos e instrumentos, y el desarrollo de las competencias necesarias. No quieren innovar, pero se aprovechan. Así es como encontramos empresas con todas las certificaciones de calidad posibles, pero que no gozan de la confianza del mercado. Para estas empresas, la calidad no es un beneficio, sino un costo, ya que las certificaciones de conformidad no son aceptadas como expresión de una verdad. Si usted no se siente comprometido con una cultura de calidad, las certificaciones de tercera parte carecen de todo sentido.

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