Kelvin de la Cruz
La existencia de una conciencia global acerca de los problemas de los ciudadanos del mundo, ha obligado a los Gobiernos a responder frente a la comunidad internacional con respecto a circunstancias que hasta hace poco eran asuntos privados de cada nación.
Tomemos como ejemplo el tema de la migración; en principio, cada Estado es soberano para decidir sobre sus políticas migratorias, sin embargo las mismas deben estar ajustadas con lo establecido por las organizaciones internacionales y multilaterales además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Entonces, ¿qué sucede cuando las políticas de migración de una nación responden a un contexto social particular y no van acorde a lo establecido por la comunidad internacional? Este es un tipo de caso en el que un problema nacional, que se convierte en uno de la sociedad internacional.
En ese orden, cabe mencionar el caso de Haití y la República Dominicana. Es bien sabido que Haití es un país sumido en la extrema pobreza, peor aún, el más pobre de América, y que comparte una pequeña isla con otra nación: la República Dominicana. El flujo de inmigrantes ilegales de Haití a su país vecino ha existido desde hace mucho tiempo, pero no fue hasta el devastador terremoto de 2010 que dicha migración aumentó exorbitantemente debido a las personas que huyeron de la miseria y las enfermedades.
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Desde entonces, República Dominicana ha sido presionada por la comunidad internacional para que otorgue la ciudadanía a los inmigrantes ilegales.
La Constitución de este país caribeño actualmente establece que una persona tiene derecho a su ciudadanía si ambos o uno de sus padres es dominicano (llamado jus sanguinis o derecho de sangre), por esto la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una extralimitación de sus funciones, le recomendó a este país que modificara su Constitución con el fin de cambiar la manera de obtener la nacionalidad dominicana a el derecho de tierra (jus solis), de modo que toda persona nacida en el territorio, independientemente de la nacionalidad o el estatus legal de sus padres, sea dominicana.
Diferentes medios internacionales se hacían eco de una sola voz, una que culpaba al Gobierno dominicano de crear personas apátridas, una acusación de enorme gravedad y la cual, de ser cierta, le daría aval a la comunidad internacional para intervenir.
El Poder Ejecutivo se vio en la necesidad de buscar una solución que agradara tanto a esta comunidad y a sus ciudadanos -quienes pedían que la ley se mantuviera como estaba- pues el pueblo dominicano estaba siendo acusado de xenófobo y racista. Para este propósito, se creó una ley regularizadora del estatus de los inmigrantes ilegales en el territorio, proporcionándoles documentos de residencia temporal más no la nacionalidad dominicana.
La presión internacional decreció, sin embargo no fue suficiente y se le continuaba exigiendo a la República Dominicana que cambiara su Constitución y la manera de obtener el derecho a la nacionalidad.
Este problema es perfecto para ilustrar un escenario en el cual un asunto supuestamente interno se convierte en un problema de la comunidad internacional; y, con respecto a las soluciones para este tipo de encrucijadas y la disposición del Estado para implementarlas, el académico David Held ha declarado que cuando las agencias internacionales y transnacionales aplican agendas políticas que son congruentes con los intereses estatales, es más probable que los Estados cumplan con los resultados de las políticas y los estándares regulatorios.
Es claro que el poder, en un Estado-nación democrático y globalizado, no reside exclusivamente en el Gobierno. Esta es la razón por la cual si los actores nacionales confían solo en los instrumentos tradicionales para crear políticas e implementarlas en pos de resolver los problemas locales, estos se vuelven ineficientes y obsoletos, especialmente cuando estos problemas van más allá del territorio nacional y sus consecuencias no solo afectan a sus ciudadanos.
Por tanto, los actores nacionales y los gobiernos deben elaborar políticas que satisfagan tanto a sus ciudadanos como a la comunidad internacional, con lo cual, el gobierno genera la oportunidad de ser aún más relevante pues debe responder con nuevas leyes y regulaciones a las exigencias internacionales.
Es evidente que existen casos en los que es necesario escuchar a otros actores sociales, como la sociedad civil, las organizaciones multilaterales o las ONG, lo cual no significa que las estrategias de políticas disponibles necesariamente disminuyan, ya que mientras algunas se vuelven ineficientes, otras nuevas se crean.
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