Néstor Saldívar | Foto: Fuente externa
Por Néstor J. Saldivar
Hace apenas unas semanas, un inmigrante me confesó, con evidente angustia, que no sabía si debía acudir a una cita en la corte por un caso de manutención infantil. Aunque ya había llegado a un acuerdo amistoso con su expareja, sentía que al entrar al tribunal podría ser detenido por las autoridades migratorias y que su vida en Estados Unidos terminaría abruptamente. Sabía que debía cumplir con la ley, pero temía que hacerlo lo pusiera en la mira del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Esta no es una historia aislada. Son cada vez más las personas que sienten temor de presentarse ante un juez o de hablar con un oficial de policía, incluso cuando son víctimas o testigos de un delito. Recuerdo el caso de una mujer que llegó desde Colombia con una visa de turismo. Un hombre mayor intentó agredirla sexualmente. Me lo contó con lágrimas en los ojos, pero fue clara: no quería denunciar. Su temor era que, al hacerlo, no solo pondría en riesgo su estadía en el país, sino también la de su hijo pequeño.
El ambiente actual ha provocado que muchos inmigrantes sientan que la justicia no está a su alcance. Y no se trata solo de quienes están en situación irregular. Incluso quienes ya han iniciado procesos legales o tienen algún tipo de estatus sienten que podrían ser cuestionados, detenidos o expulsados por cumplir con su deber cívico. Esta percepción se ha agudizado con la aplicación de medidas migratorias más estrictas, las declaraciones públicas de algunas autoridades y las noticias de acciones sorpresivas en distintas comunidades.
Hay una gran confusión entre los inmigrantes sobre quién puede detenerlos, quién tiene autoridad para reportarlos y qué consecuencias pueden enfrentar. Muchos no distinguen entre un oficial de la policía local y un agente federal de inmigración. Algunos incluso temen acudir a oficinas como el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), por temor a ser rastreados por el Departamento de Seguridad Nacional.
El resultado es preocupante. Mujeres que no denuncian violencia doméstica. Trabajadores que no reclaman cuando son explotados. Testigos que no se presentan en los tribunales. Personas que prefieren callar, incluso cuando tienen la razón. Y cuando el miedo se instala en ese nivel, no solo pierde el inmigrante. También pierde el país.
La economía de Estados Unidos depende en gran medida del trabajo de millones de inmigrantes. Sectores como la agricultura, los restaurantes, el turismo y los servicios son sostenidos en buena parte por personas nacidas fuera del país. Pero la incertidumbre migratoria ha provocado que muchos abandonen sus empleos o no se atrevan a aceptar nuevas oportunidades. En algunos negocios ya se han reducido los horarios de atención por falta de personal.
Lo que está en juego no es únicamente la permanencia de quienes viven en situación irregular. Está en riesgo el principio mismo de justicia. Cuando una persona no se atreve a denunciar un delito por temor a ser deportada, la impunidad se fortalece. Cuando alguien evita acudir a una corte por miedo a ser arrestado, se debilita la confianza en el sistema. Y cuando colaborar con la ley se convierte en un riesgo, la ley deja de ser garantía.
Estados Unidos necesita un sistema migratorio más justo, claro y humano. Uno que respete el debido proceso y que no convierta en enemigos a quienes solo buscan vivir en paz. La aplicación de la ley debe hacerse siempre dentro del marco legal. Sin atajos. Sin atropellos. Sin miedo. No se puede exigir orden sembrando caos. Tampoco se puede pedir seguridad empujando a millones a la clandestinidad. Es tiempo de mirar de frente esta realidad, sin prejuicios ni simplificaciones. Porque cuando el miedo sustituye la justicia, todos salimos perdiendo.
Acerca del autor
El Lic. Néstor Saldívar posee una maestría en Ciencias de la Educación, con enfoque en Planificación Educativa. Es abogado y comunicador, antiguo director asociado de comunicación de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para la región del Caribe. Obtuvo la visa EB-2 con la exención por interés nacional en base a sus propios méritos en tan solo 45 días. Por su experiencia y con deseo de ayudar a otros a lograr lo mismo, crea contenido educativo desde su plataforma ResidenciateconS y otros medios.
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