Lotería Nacional | Foto: Kelvin de la Cruz
La Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió este martes la solicitud del Ministerio Público de mantener en prisión preventiva al imputado William Lizandro Rosario Ortiz, expresidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), procesado por el sorteo fraudulento en la Lotería Nacional, que desencadenó en la Operación 13.
La procuradora de corte Carmen Alardo, quien formó parte del equipo que representó al Ministerio Público durante el conocimiento de la apelación, ponderó la decisión del alto tribunal, que estuvo presidido por la magistrada Nancy Joaquín.
“Lo primero que hizo la corte fue verificar si este caso ameritaba poner la medida de coerción y sí lo determinó, porque existía una causa probable eventual”, dijo.
“Después valoró cuál era la medida de coerción idónea, en ese caso se ponderó la eventualidad de los arraigos, la seriedad de la investigación, la posibilidad de entorpecer la investigación y la obstrucción de la investigación”, explicó.
Alardo indicó que Rosario Ortiz es el único que apeló de los diez procesados en el Caso 13, imputados de los delitos de abuso de confianza, asociación de malhechores y lavado de activos.
“Se ratificó la prisión preventiva porque la corte verificó; primero, que el caso era complejo, la eventualidad de la condena, la posibilidad de la obstrucción y que es la medida de coerción más idónea, por eso desestimó y ratificó la medida”, expresó.
La prisión preventiva a Rosario Ortiz le fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Por el caso son procesados, el suspendido director de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, así como otras nueve personas arrestadas durante la “Operación 13” por su vinculación al sorteo celebrado el pasado 1 de mayo.
También, los coimputados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta.
La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
