Cristina Fernández de Kirchner I Foto de archivo: EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó este martes la condena a seis años de prisión por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia, dictada en la llamada “causa Vialidad”, marca un hito en la historia política del país, afectando a una de las figuras más influyentes del peronismo contemporáneo.
Kirchner, de 72 años, podrá acceder al beneficio de prisión domiciliaria por su edad. Según el fallo, durante sus dos mandatos como presidenta (2007-2015), la exmandataria direccionó contratos de obras públicas por montos millonarios en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, considerado su socio y presunto testaferro.
El máximo tribunal también rechazó el pedido de la Fiscalía de agravar la pena a 12 años de prisión e incluir el delito de asociación ilícita. No obstante, la ratificación de la inhabilitación perpetua bloquea cualquier aspiración electoral de Kirchner, quien días antes había anunciado su intención de postularse como diputada en las elecciones legislativas de septiembre en la provincia de Buenos Aires.
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Cristina Kirchner, actualmente presidenta del Partido Justicialista (PJ), escuchó el fallo en la sede del partido, rodeada de dirigentes y legisladores. A las afueras, militantes peronistas realizaron cortes en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires en señal de protesta.
Fiel a su estilo, la exmandataria rechazó los cargos, denunció una persecución judicial y comparó su caso con el del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quienes también fueron condenados por corrupción en sus países. Kirchner asegura ser víctima del llamado lawfare, una estrategia que, según ella, combina el uso del poder judicial con los medios de comunicación para debilitar a líderes progresistas.
La condena se basa en el direccionamiento de 51 contratos de obras viales —el 79% de las ejecutadas en Santa Cruz durante ese período— a Austral Construcciones, una empresa creada poco antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia en 2003. La Fiscalía sostuvo que la adjudicación fue sistemáticamente favorecida y respondió a un esquema fraudulento de desvío de fondos públicos.
El fallo de la Corte representa un fuerte golpe político para la principal fuerza opositora al gobierno del presidente Javier Milei, en un contexto de alta polarización y fragilidad institucional. Kirchner, que fue también vicepresidenta entre 2019 y 2023, sigue siendo una figura polarizante, con fuerte respaldo popular en sectores del peronismo, pero rechazada por amplios segmentos de la sociedad argentina.
