La contralora general de Costa Rica, Marta Acosta, advirtió ayer jueves que el país está al borde del precipicio fiscal y llamó a la Asamblea Legislativa a aprobar "sin dilaciones" un proyecto tributario que impulsa el Gobierno del presidente Carlos Alvarado.
"El lobo ya está en casa. No podemos esperar más tiempo", dijo Acosta a una emisora local y en un video publicado por la Contraloría General de la República.
Alvarado impulsa un proyecto impositivo que pretende transformar un impuesto de ventas de 13 por ciento en uno al valor agregado, pero incluyendo la canasta básica.
El plan pretende gravar también servicios médicos y de educación privada entre otros y frenar incentivos salariales en las instituciones públicas.
Según el Banco Central, en 2018 el déficit fiscal superará el 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los más altos de América Latina.
El problema se viene arrastrando desde hace más de una década. Hace un año, el entonces presidente Luis Guillermo Solís hizo un anuncio de emergencia, para advertir que el país estaba cayendo en la insolvencia.
No obstante, Acosta dijo hoy que la brecha fiscal sigue ensanchándose. "Al país ya le cuesta colocar bonos de su deuda en los mercados locales y externos", sentenció.
Los sindicatos se encuentran enfrentados con el Gobierno, por lo que llaman "paquetazo fiscal", y aseguran que este proyecto golpea a la clase trabajadora y no a los sectores económicos más fuertes.
El 25 de abril, en vísperas del traspaso de mando, realizaron una huelga general y otra un mes después y han amenazado con "tomar las calles" si sus reclamos no son tomados en cuenta.
No obstante, la Contraloría dijo que no hay tiempo que perder, en un informe publicado en su página web sobre la situación financiera del país, que calificó de "sombría".