Katia Miguelina Jiménez, exjueza del Tribunal Constitucional | Foto: Jason Tavarez
La exjueza del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez planteó este martes los posibles escenarios jurídicos que suscitan la discusión de que si el Estado podría obligar a la población a recibir la vacuna contra el COVID-19, en especial aquellos grupos que desde ya se han declarado renuentes a la inoculación.
La magistrada describió la situación como muy compleja, puesto que se está frente a una vacuna que no está totalmente aprobada por la FDA (Food and Drug Administration) y que solo cuenta con autorizaciones de emergencias.
Recordó que la OMS recomienda que no sea obligada, además de que adoptar una decisión de esta naturaleza sería políticamente riesgoso, pues es una vacuna hecha a “toda carrera” y las inquietudes que pudiera tener la población entorno a eso son legítimas, por eso entiende que el Gobierno actúa correctamente al determinar la no obligatoriedad.
Explicó que en el escenario de que la vacuna cuente con la aprobación completa, la Constitución no contiene precepto alguno que regule de manera concreta el tema de la vacunación, y que en el contexto actual entonces se plantea el referido de debate de si la inoculación vulnera alguno de los derechos fundamentales como el de la integridad física, de autonomía de la voluntad y a la integridad.
No obstante, afirmó que una vez haya sido aprobada completamente, constitucionalmente podría ser posible que se decrete la obligatoriedad de la vacuna.
Entre los argumentos de un lado y otro del debate, precisó que la salud pública es un bien jurídico que autoriza la restricción legal de ciertos derechos individuales en la medida que su afectación pone en riesgo a los demás.
Sin embargo, el grado de letalidad por coronavirus en el país es muy baja y afecta más a un segmento específico, por eso obligar a la población a vacunarse en ese contexto es “muy riesgoso”.
Sostuvo que el Estado podría entonces invocar en ese caso, que no puede dejar a la libre voluntad de las personas las políticas de salud pública en relación a la vacunación.
