Dina Boluarte | Foto: EFE/ Luis Iparraguirre /Presidencia de Perú/
El pleno del Congreso de Perú rechazó ayer viernes adelantar las elecciones generales en el país para octubre próximo, tras debatir durante más de 8 horas un proyecto planteado en ese sentido por el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra García.
La propuesta recibió 45 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, aunque tras la votación el presidente del Congreso, José Williams, informó de que se había presentado un pedido de reconsideración que se debatirá el próximo lunes y que implica una nueva votación.
Al tratarse de una reforma constitucional, este tipo de proyectos debía contar con el voto favorable de 87 parlamentarios en dos legislaturas consecutivas para ser aprobados.
Durante el debate, Guerra García sostuvo que el adelanto en la fecha de los comicios era "una necesidad" para "darle un alivio" a su país "y a los ciudadanos", en referencia a las manifestaciones antigubernamentales que han dejado 64 muertos desde diciembre.
Posteriormente, al término de las intervenciones, pidió un intermedio para corregir el texto de su propuesta con observaciones hechas por otros legisladores con el objetivo de buscar los 87 votos necesarios o el mínimo de 67 que permitiera que el proyecto pueda ser llevado a un referéndum.
El proyecto planteaba que se incorporan disposiciones transitorias especiales para que las elecciones generales se celebren en octubre de 2023, que el nuevo Congreso asuma sus funciones el 31 de diciembre y el nuevo Gobierno el 1 de enero de 2024.
El siguiente Ejecutivo y Legislativo cumplirían sus funciones, de manera excepcional, hasta julio de 2029, seis meses más de los cinco años establecidos en la Constitución, con el objetivo de retomar en el período posterior la fecha de toma de mando en el tradicional 28 de julio, fecha de la independencia nacional.
La presidenta Dina Boluarte instó este viernes al Congreso a que apruebe el adelanto electoral para 2023, como medida para salir de la crisis y en respuesta a una de las principales demandas de las protestas antigubernamentales, que también reclaman su renuncia, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Hasta la fecha, según datos de la Defensoría del Pueblo, 46 personas que participaban en las protestas fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes.
A estas víctimas, se suman 11 decesos en sucesos relacionados con los bloqueos de carreteras y una muerte ocurrida en la norteña región de La Libertad, confirmada por la Policía.
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó la muerte de cuatro haitianos que no pudieron recibir asistencia médica por los bloqueos de carreteras, además de un bebé nonato confirmado por Unicef, lo que resulta en 64 fallecidos por las protestas desde el 11 de diciembre.
