Palacio de Justicia del Distrito Nacional | Foto: Kelvin de la Cruz
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso este martes 20 años de prisión a nueve de los acusados de integrar una banda dedicada al tráfico y trata de personas, en un caso conocido como Cattleya, en el que están involucrados dominicanos, venezolanos, colombianos, haitianos y canadienses.
A los sentenciados también se les impuso una multa de 150 salarios mínimos del sector público.
Otros cuatro miembros de la banda recibieron condenas de tres años de prisión, mientras que un imputado fue sentenciado a seis meses de prisión suspendida por posesión ilegal de marihuana, informó el Ministerio Público en un comunicado. Las penas pueden ser recurridas.
El tribunal condenó a 20 años de prisión y al pago de 150 salarios mínimos a José Alberto Rosario Soriano, Melvin José Valentín Peguero, Óscar Wilcenne, Dionicio Mieses de la Cruz, María Paula Murillo Vargas, Zafiro Natal Sánchez González, Engel Neftalí Vargas Soto, Alejandro Arturo Batista Bustamante, Robert Lee Eleuterio Paniagua y Óscar Wilcenne, tras ser declarados culpables de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Además de por trata de personas, Dionicio Mieses de la Cruz fue condenado por delitos de alta tecnología conforme a la Ley 53-07, en tanto que María Paula Murillo Vargas, en adición, fue condenada por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Los condenados a tres años de prisión y multados con 50,000 pesos son José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández y Braulio Manuel Lugo, condenados conforme al artículo 334 del Código Penal Dominicano.
El acusado Oliver Arnaud Lewinsky (Timothy Willian Case Renee) fue condenado a seis meses de prisión suspendida por posesión ilegal de marihuana, en violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
El tribunal declaró penalmente responsable al Hotel Oscar Inn Santo Domingo por su vinculación con la red criminal y ordenó su disolución.
Además, ordenó el decomiso de los bienes incautados durante la investigación, los cuales incluyen propiedades utilizadas para la comisión de los delitos.
Por otro lado, el acusado Carlos Jonathan Walwyn Campusano fue declarado no culpable de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, dictándose sentencia absolutoria a su favor por insuficiencia de pruebas, en conformidad con el Código Procesal Penal.
En consecuencia, se ordenó el cese de las medidas de coerción en su contra y se declararon las costas penales de oficio a su favor.
En cuanto a los bienes incautados, el tribunal ordenó el decomiso de los vehículos Hyundai Sonata, año 2016, y Honda Accord ELX, año 2013.
En el aspecto civil, agregó el Ministerio Público, el tribunal acogió parcialmente la querella de dos de las víctimas, presentada por Angela Díaz, encargada de asistencia a víctimas de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
En ese orden, el tribunal ordenó el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios de tres millones de pesos en favor de una de ellas, a ser pagados de manera conjunta y solidaria por los acusados José Alberto Rosario Soriano, María Paula Murillo Vargas, Dionicio Mieses de la Cruz, Melvin José Valentín Peguero y Óscar Wilcenne; así como otros tres millones de pesos en favor de otra, a ser pagados por Zafiro Nathaly Sánchez González y Engel Neftalí Vargas Soto.
Finalmente, el tribunal ordenó la notificación de esta decisión al juez de ejecución de la pena correspondiente y fijó la lectura íntegra de la sentencia para el 24 de abril de 2025.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) aseguró que el Ministerio ha marcado un hito en la defensa de los derechos humanos y en la aplicación efectiva de la ley contra quienes se lucran a costa de la explotación y vulnerabilidad de las víctimas.
La PETT resaltó que esta sentencia representa un avance "significativo" en la persecución de delitos que atentan contra la dignidad y la libertad de las personas, la cual ha sido lograda a través de una investigación técnica y robusta, basada en herramientas forenses y testimonios protegidos, logrando demostrar al tribunal la responsabilidad penal de los implicados y asegurando justicia para las víctimas.
