Primer Tribunal Colegiado de La Vega
El Primer Tribunal Colegiado de La Vega dictó una condena de seis años de prisión en contra de un hombre que fue imputado por el Ministerio Público, por incurrir en explotación sexual infantil en perjuicio de siete menores de edad.
Juan José Mota Almánzar cumplirá la pena en la cárcel pública de La Vega y además deberá pagar una multa de 10 salarios mínimos, según establece la sentencia dictada por las juezas Lucrecia Rodríguez, Juana Patricia Silverio y Julissa Candelario.
El expediente establece que durante 2019 y 2020, Mota Almánzar se dedicó a recibir en su casa, en el sector Villa Francisca II de esta provincia, a niñas y adolescentes de 12, 15 y 17 años de edad, cuyos nombres se omiten por razones legales.
Señala que, abusando de su minoría de edad y a cambio de entregarles dinero, Mota Almánzar utilizó a las víctimas para su propia satisfacción sexual.
La acusación presentada por la Fiscalía de La Vega, a través de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, establece que el 9 de septiembre de 2020 una de las menores de edad fue reportada por su padre como desaparecida ante la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en esta localidad. Tras su regreso a casa, la madre interpuso formal denuncia ante el Ministerio Público.
Los padres de las víctimas denunciaron a las autoridades que sus hijas fueron víctimas de delitos sexuales por parte del procesado y que varias de ellas fueron seducidas y sustraídas de sus residencias mediante engaño.
De acuerdo al comunicado, fiscales investigadores de este distrito judicial ocuparon durante las pesquisas diferentes pruebas documentales, periciales, ilustrativas, materiales y testimoniales que fueron aportadas al proceso y que permitieron demostrar la relación del acusado con los hechos.
El Ministerio Público demostró ante el tribunal que el acusado incurrió en conductas penalmente relevantes como la explotación sexual de niñas y adolescentes, en violación del artículo 410 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Ante la decisión del tribunal, la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, destacó: “La República Dominicana ha asumido un compromiso en relación con la preocupación internacional con respecto a la trata de personas, comercialización sexual infantil y todos aquellos tipos penales que afecten la integridad de niños niñas y adolescentes; es en ese sentido que la Fiscalía de La Vega, bajo nuestra dirección, no descansa hasta culminar con sentencias ajustadas al daño ocasionado a esta población vulnerable”.
