Mario Díaz, secretario de Transporte | Foto: Kelvin de la Cruz
La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue el uso dado a los recursos generados por el cobro de multas por infracciones de tránsito en la gestión de Jean Alain Rodríguez al frente de la institución.
El vocero de la entidad gremial, Mario Díaz, anunció este domingo mediante un video que, en las próximas horas, sus abogados van a "apoderar a la Procuraduría de manera escrita y de manera formal esa solicitud".
La organización espera que la procuradora general, Miriam Germán Biito, ordene la realización de "una exhaustiva investigación" en torno a los recursos que fueron recaudados en concepto de multas mientras el exprocurador encabezó el órgano persecutor.
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"Esos recursos no pudieron haber sido tocados y tenemos sospechas de que fueron utilizados con fines diferentes a lo que establece la ley. Todo funcionario de la pasada gestión que le pusiera la mano a los recursos establecidos para el sector transporte será sometido a la acción de la justicia", afirmó.
Asimismo señaló que durante la gestión de Rodríguez, la organización pidió a la Cámara de Cuentas una auditoría sobre esos recursos y no tuvimos respuesta".
Díaz recordó que la Ley sobre Movilidad Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial establece que el 75 % del concepto de la recaudación por infracciones de tránsito se debe destinar al sistema penitenciario.
El restante 25% será utilizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por lo que, dijo, "el sector transporte del país tiene derecho a saber sobre el uso dado a ese dinero".
Jean Alain Rodríguez y otras ocho personas están imputadas en el nuevo caso de corrupción que arrancó la noche del pasado lunes con 38 allanamientos simultáneos, en lo que se ha denominado Operación Medusa.
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Según datos filtrados por la prensa, al grupo se le imputan delitos de soborno, irregularidades en la concesión de obras de cárceles y de un laboratorio forense, espionaje y la creación de un sistema informático para controlar de forma remota las computadoras del Ministerio Público
Las estimaciones preliminares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) apuntan a que el supuesto entramado estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.
