Miembros de la Comisión Consultiva | Foto: Nota de prensa
La Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión (Cclex), creada por el presidente Luis Abinader para actualizar la ley sobre libertad de expresión, inició contactos con distintos sectores de la sociedad para impulsar una propuesta de ley sobre esta cuestión.
En su primera consulta pública, la comisión recibió a los representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (conep), la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora) y Participación Ciudadana.
Asimismo, a delegados de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y del Consejo De Desarrollo Económico Y Social De Santo Domingo (Codessd).
En la reunión, celebrada en el periódico Listín Diario, se acordó integrar una mesa de trabajo para que una vez se redacte el borrador del proyecto de Ley de Libertad de Expresión esas entidades hagan sus observaciones, explicó en un comunicado el abogado Namphi Rodríguez, director ejecutivo de la Cclex.
Los miembros de la comisión realizan un diagnóstico de la legislación sobre libertad de expresión en el país y posteriormente formularán una propuesta de ley plural e inclusiva.
Esta comisión fue creada con el propósito de unificar criterios en torno a la regulación legislativa de la libertad de expresión, según un decreto emitido por la Presidencia el 23 de junio.
La Comisión deberá presentar el borrador del instrumento normativo correspondiente en un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la emisión del decreto.
Entre sus facultades, está la de programar mesas de trabajo con los distintos sectores vinculados a la libertad de expresión y difusión del pensamiento con el objetivo de obtener un amplio consenso con la sociedad civil en la redacción de la propuesta de ley.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó el mismo 23 de junio su preocupación por varios proyectos de ley en República Dominicana que insisten en el carácter penal de la difamación y que, en opinión del organismo, "sobreprotegen" a los dirigentes ante las críticas.
La organización ve "contraria a los estándares internacionales" una reforma al Código Penal dominicano que sanciona con prisión las ofensas en contra del presidente, ministros, legisladores y representantes diplomáticos.
