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La Comisión de Alto Nivel para la Prevención, Control y Respuestas contra el Coronavirus COVID-19 se defendió ante los cuestionamientos que hizo la Comisiòn de Veeduría sobre las Compras y Contrataciones de Emergencia y aclaró que se cumple con parte de las sugerencias realizadas, los requisitos de la ley y con el cronograma de compras establecido.
Así lo informó este lunes el coordinador de esta Comisión, el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, a través de la alocución desde el Palacio Nacional para dar detalles de las medidas adoptadas para contener los contagios y muertes causados por el coronavirus, que ya ha dejado 235 muertes en el país.
El funcionario recordó que aunque cuando el Gobierno puso en marcha el Portal Transaccional, que administra la Dirección General de Contrataciones Públicas en 2017, no se ideó como una herramienta para hacer frente a una pandemia, no obstante, afirmó que ha sido fundamental para poder contratar los bienes y servicios necesarios durante la actual emergencia.
Explicó que el hecho de que el portal transaccional funcione digitalmente no solo ha permitido a las empresas inscribirse sin desplazarse de casa, sino que además ha permitido que cada paso de cada transacción quede publicado y registrado, de manera totalmente transparente, disponible a un solo click.
Con respecto a unas recomendaciones de la Comisión de Veeduría que supervisan las compras y contrataciones declaradas de emergencia, que cuestionó la falta de unidad de criterios para los plazos reducidos en las publicaciones para presentación de ofertas, dijo que acogiendo esta recomendación se ha establecido un plazo mínimo de 48 horas para el conjunto de las ofertas.
Sin embargo, expresó que la mayoría de procesos están publicados entre dos y ocho días y que de los cinco donde la comisión señala que el plazo fue más corto, la ley los permite.
En cuanto a que supuestamente no están subiendo las informaciones según el cronograma de cada proceso, aclaró que los cronogramas están todos disponibles y también en la mayoría estaban todos los documentos, excepto la recepción de ofertas, y que en los procedimientos de emergencia, lo legal es publicar los requerimientos de compras o contratación y los documentos que justifiquen el uso de la excepción a ser llevados a cabo y en todos se ha cumplido con esta formalidad.
Agregó que la otra formalidad de publicidad es la presentación de un informe detallado 15 días calendario después de concluida la emergencia, y no antes.
En cuanto a que, según la Comisiòn de Veedores, en los informes finales en su mayoría no se detalla el criterio por el que fueron seleccionadas las empresas adjudicadas, Montalvo dijo que sí consta en cada proceso el informe de adjudicación que explica si la empresa cumple o no con las especificaciones exigidas y las razones por las que fueron adjudicadas.
No obstante, admitió que se presenta cierto retraso es que en algunos casos no se publica un acta como tal, sino que se publica como acta de adjudicación el informe final de evaluación, y en otros aún no está disponible.
"De nuevo, al igual que en los dos casos anteriores, no estamos ante una infracción a la ley o al reglamento. Lo que tenemos es una solicitud especial que hacemos tanto a instituciones como empresas de que provean toda la información posible, aún la no requerida estrictamente por la ley, para aumentar la transparencia en cada fase del proceso, en un procedimiento de excepción de emergencia", aseguró el ministro de la Presidencia.
Inhabilita a ocho empresas
Con relación a la denuncia de los veedores de falta de cumplimiento por parte proveedores adjudicados en procedimientos de emergencia para suplir equipos de protección personal, mascarillas, lentes, medicamentos, entre otros, Montalvo admitió de algunos casos y anunció la inhabilitación de ocho de éstas como suplidoras del Estado, las cuales no identificó.
Explicó que lo ocurrido con estas empresas fue que "participaron, se comprometieron a cumplir con tiempos de entrega reducidos, que una vez verificada la calidad, era lo que definía la adjudicación por la necesidad extrema de estos bienes. Se les adjudicó y no cumplieron con estas entregas y ahora serán sancionadas por ello".
Reveló que al día de hoy, a ocho empresas se les está notificando el inicio del procedimiento de inhabilitación para que no puedan vender al Estado, por incumplir con la entrega de productos necesarios para atender las necesidades de salud y protección de la ciudadanía en un estado de emergencia.
Dijo que la medida se ha adoptado en base a lo dispuesto en el artículo 265 de la Constitución de la República, sin menoscabo de las acciones civiles o penales que correspondan.
"Lo cierto es que, a pesar de que quedan espacios por mejorar y estamos plenamente dedicados a ello, no hay otro país donde los procedimientos de compra durante esta crisis, tengan la difusión, seguimiento e inclusión que tienen en la República Dominicana", enfatizó el funcionario en respuesta a los cuestionamientos de los veedores.
