Oficinas de la constructora Odebrecht | Foto: Odebrecht Brasil
La colaboración eficaz, principal arma de la Fiscalía peruana para combatir los escándalos de corrupción que asuelan el país y que parecen no tener límites, vive cada vez bajo más severas críticas y acusaciones de aplicarse como trato de favor o para defender a las empresas acusadas de entregar coimas.
Ese mecanismo, que implica otorgar beneficios penales o procesales a personas que confiesen delitos y aporten información que permita esclarecer responsabilidades, volvió esta jornada a acaparar el debate en el país después de que los empresarios José y Hernando Graña, exdirectivos de la constructora Graña y Montero, fueran reconocidos como colaboradores por el fiscal que dirige las investigaciones por el caso Lava Jato.
El domingo pasado los Graña, máximos responsables en su momento de la principal constructora peruana, se acogieron a la colaboración eficaz para eludir el pedido de 36 meses de prisión preventiva, que hizo el fiscal José Domingo Pérez.
De acuerdo a fuentes del diario La República y otros portales de noticias, la información ofrecida por los Graña al fiscal Pérez para no ir a prisión involucra a "expresidentes, exministros y exviceministros" implicados en los casos del 'Club de la Construcción', el Gasoducto del Sur, el Metro de Lima y los tramos norte y sur de la carretera Interoceánica.
Esas obras se construyeron o negociaron en los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006) actualmente con pedido de extradición de Estados Unidos, Alan García (2006-2011) que se suicidó al recibir una notificación de detención, y Ollanta Humala (2011-2016) que obtuvo su libertad tras permanecer varios meses en prisión preventiva.
Sin embargo, varias voces han saltado en contra de este paso, como el abogado Luis Lamas Puccio, para quien la Fiscalía está "desnaturalizando" el mecanismo porque se está otorgando a altos empresarios que pueden pagar una reparación civil, a diferencia de otros implicados de menor rango que sufren cárcel preventiva.
"El fiscal Pérez da como cierta la información que pretende dar esta gente y se abstiene de la persecución. Esto es una burla a la opinión pública", declaró el letrado al diario Gestión.
La empresa Graña y Montero ya se había acogido como persona jurídica a la colaboración eficaz y lo lógico era que sus principales directivos, quienes cumplieron cuatro meses de prisión preventiva durante el año pasado, también lo hicieran para ofrecer a cambio información sobre el mecanismo y destino de los sobornos pagados.
Así, otro abogado peruano, Luiciano López, defendió la medida a cambio de que se sepa quienes eran los receptores finales del dinero ilegal y participaron como poder público en actos de corrupción.
Dado que Graña y Montero aceptó haber participado en el mecanismo de sobornos, como socios de Odebrecht, los exdirectivos están en capacidad de esclarecer los hechos, bajo la ley de colaboración eficaz, y vincular incluso a congresistas, anotó López.
Esa sería una razón por la cual algunos legisladores intentarían bloquear la aplicación de esa norma o critican con dureza los pasos dados por la fiscalía en este sentido.
Así, el legislador Victor Andrés García Belaúnde declaró este lunes al canal ATV que el fiscal Pérez "se cree el 'sheriff' del Perú, la máxima autoridad, se siente impoluto, casi el Papa, el único que lucha contra la corrupción".
"La fuerza que usa con cualquier señor, ¿por qué no la emplea con (el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge) Barata?, a quien permitió que levante el embargo de sus propiedades para que las pueda vender", expresó el congresista del partido Acción Popular.
Por su parte, el legislador del Partido Aprista Luis González Posada, excanciller de Alan García, criticó que los pedidos de prisión preventiva hechos por la fiscalía "desnaturalizan" la justicia.
"Todo abuso descalifica en conjunto las actividades de la Fiscalía, todo atropello. Esta situación se presta a suspicacia", agregó en declaraciones al diario Perú 21.
El diputado se refirió así a la práctica de la fiscalía de encarcelar a varios acusados y esperar a que algunos acepten convertirse en colaboradores eficaces.
La criticada estrategia, sin embargo, parece haber servido y por ejemplo la líder opositora Keiko Fujimori permanece en prisión precisamente porque varios colaboradores eficaces la sindicaron como responsable de una trama para lavar dinero ilegal donado por Odebrecht a su partido.
